cgpj
Sede del CGPJ

Una vez más, y ésta es la octava desde que se creó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que los principales partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados, sin avergonzarse, ni ponerse colorados, se han repartido las veinte vocalías de la institución, más la presidencia que, también lo es del Tribunal Supremo.

En múltiples ocasiones he afirmado que, el poder judicial en España es un gran engaño, una falacia, una estafa intolerable; y que la Administración de Justicia es seguramente el ámbito de la Administración del Estado que menos simpatías suscita en la mayoría de los ciudadanos.

El pacto alevoso, premeditado, en el que solo ha faltado nocturnidad,  cuyo objetivo es controlar el Poder Judicial, es sin duda alguna una burla cruel a los españoles, y más viniendo de quienes dicen que están ocupados y preocupados en combatir la corrupción y cuestiones por el estilo. De veras que, aunque ya lo hayan hecho otras siete veces, es absolutamente escandaloso.

No podemos olvidar que, el próximo CGPJ será el encargado de nombrar –de manera arbitraria, sin rendir cuentas a nadie…- a 36 magistrados del Tribunal Supremo, distribuidos en 3 de la Sala del Civil, 4 de la Sala de lo Penal, 13 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 8 de la Sala de lo Social y 7 de la Sala de lo Militar, más al vicepresidente del Tribunal Supremo, quienes se jubilarán al cumplir la edad de 72 años. ¡A buen entendedor, pocas palabras bastan!

La situación del poder judicial, como de la administración de justicia, es realmente deprimente, descorazonadora.

El problema es que nadie quiere asumir responsabilidades, nadie está dispuesto a asumir ninguna responsabilidad, quienes tienen capacidad de decidir, siempre tienen disculpas para todo, y acaban diciendo que la culpa del desaguisado es de los demás.

Tras años y años de promesas y más promesas, a la única conclusión a la que cabe llegar, es que los políticos son los principales interesados en que la actual perversión de la justicia sigan existiendo, para que el Poder Judicial no los pueda controlar, y de ese modo continuar controlando la Administración de Justicia desde el Ministerio del ramo y con acuerdos vergonzosos como el último mediante el que se han repartido el gobierno de los jueces.

El poder político ha manejado a los jueces en España a su antojo en los últimos siglos, y ha influido sin pudor en sus resoluciones, ha entregado los juzgados a jueces “afines”, ha creado una red clientelar y los ha premiado por los servicios prestados… Daba igual el régimen político del que se tratara, las constituciones y las leyes siempre eran ignoradas y despreciadas.

Los partidos que se han turnado en el poder desde el final del régimen del General Franco, hacen el paripé y dicen que respetan –hipócritamente- el Estado de Derecho, al que han procurado vaciar de todo contenido, respetan en apariencia las competencias del poder judicial, controlan a los jueces que lo integran y así se aseguran que el poder judicial no perjudique a sus intereses y mucho menos controle sus actuaciones.

De vez en cuando, y especialmente cuando hay cambio de gobierno, siempre, salvo excepciones, se anuncia una nueva reforma que, lejos de pretender una auténtica y profunda reforma de la justicia (pese a la retórica vacía de los trovadores del régimen) lo único que viene a demostrar es la lucha de los diversos grupos de presión por apropiarse del poder judicial.

Ésta es la injusta justicia que padecemos en España y que ha llevado a que sea la institución peor valorada de todas, con la frustración permanente de esos Jueces, Fiscales y Abogados (con mayúscula pues aún quedan algunos íntegros e independientes), que ven con absoluto desencanto como su correcta actuación, ajustada a los parámetros de un Estado de Derecho no sirve para nada, mientras son marginados o brutalmente represaliados por negarse a perder su honor y dignidad, en una Justicia que sigue siendo esa tela de araña que, atrapa al débil y de la que sólo el fuerte consigue escapar tras rasgarla fácilmente.

En este panorama, la posición de los jueces (insisto, también hay jueces honestos, ¡ojo!) es desesperanzadora: son conscientes de la manipulación de los políticos, se ven obligados a aplicar normas éticamente intolerables, e incluso se las ven y se las desean para intentar aplicar –incluso- las normas más o menos buenas, que el ordenamiento legal pone a su alcance.

La realidad, lamentable realidad, es que no pueden asistir a las pruebas, tampoco tienen tiempo de leer los escritos que presentan las partes en conflicto (tal como la ley les obliga) y se ven incapaces de dictar sentencia en los plazos establecidos, al no disponer del tiempo necesario para redactar sus resoluciones (por lo cual han de encargárselo a funcionarios que no son jueces) De este modo, se les está negando a los justiciables el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva –artículo 24 de la Constitución- del cual según la Constitución son los encargados de proteger.

Todo es un paripé, una burla cruel, una cínica farsa, que finaliza con la publicación de sentencias “en audiencia pública”, como la Constitución obliga, y nunca se lleva a cabo.

Para poner remedio a todo ello, los políticos deberían renunciar a la utilización partidista de la justicia, y a la judicialización de la política, a lo que por lo que vienen demostrando legislatura tras legislatura, no están dispuestos.

A lo largo de este texto estoy hablando que lo que está en juego es al fin y al cabo la auténtica independencia de los jueces, independencia que nunca será real mientras que la Justicia siga siendo la continuación de la lucha política en otro ámbito y con otras armas.

Evidentemente, es deseable que la Administración de Justicia, como servicio público, funcione, pero tal cosa es prácticamente imposible con el actual desgobierno, en el que se confunde independencia con impunidad, con jueces intocables, un “estado de derecho en el que más vale que renuncies por tu bien a tus derechos para no cabrear al juez”…

Es imprescindible acabar con el “desgobierno judicial” que actualmente sufrimos. Es hora ya de que los jueces se sujeten al imperio de la ley (y no al revés) que en España se respete escrupulosamente la Constitución, y se acabe con la sensación general de arbitrariedad e inseguridad jurídicas actuales. Los españoles no nos merecemos la injusta justicia que padecemos, lenta, cara y arbitraria; hay que acabar con la idea que la mayoría de los ciudadanos tiene de la judicatura, de que es una casta privilegiada y que sus miembros gozan de impunidad e inmunidad… Las resoluciones judiciales, sus fundamentaciones, deben estar basadas en el articulado constitucional y no en las opiniones y preferencias ideológicas de jueces particulares; independientemente del tribunal o de la instancia de que se trate.

La terrible situación de la Justicia en España depende de decisiones políticas, como dedicarle mucho más dinero para agilizar y hacer coherente y eficaz el trabajo en los juzgados, hay que hacer que los jueces estén más cerca de la gente y/o que la gente pueda acercarse más a los jueces, hay que legislar sin miedo ni complejos y, ya puestos, habrá que plantearse si no sería bueno que en el CGPJ no haya sólo juristas -cercanos además a los partidos- sino solventes representantes de la sociedad y no sólo “compañeros de profesión”.

Y, por favor, ¡Basta ya de caer constantemente en el “buenismo” de considerar que la Administración de Justicia española es buena, y que las corrupciones de las que hablo son excepciones, o pequeñas anomalías, o disfunciones que nada empañan la enorme perfección del sistema, y que pueden ser eliminadas fácilmente!

En fin, dejaremos para otro día el hablar de prevaricación, aquello de que un juez dicte una resolución injusta, a sabiendas, o por negligencia, o por ignorancia inexcusable…