El Mundo fulmina a Trapero y los Mossos
Jose Luis Trapero
  • Manuela Fernández de Prado y Ramón Sáez Valcárcel integraron el tribunal que absolvió a las 19 personas acusadas de asediar el Parlamento catalán el 15 de junio de 2011
  • La Sala expuso que la investigación de estos hechos revelaba numerosos signos que vinculan al exjefe de los Mossos con los delitos de sedición y organización criminal

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, integrada por los magistrados de corte progresista Manuela Fernández de Prado y Ramón Sáez Valcárcel, juzgará por los delitos de sedición y organización criminal al exjefe de los Mossos d’Esquadra Josep Lluis Trapero, según fuentes jurídicas, informa Europa Press.

El tribunal, presidido por la magistrada conservadora Concepción Espejel, juzgará también a los exlíderes políticos de este cuerpo policial César Puig y Pere Soler y a la intendente Teresa Laplana por los incidentes ocurridos el 20 y 21 de septiembre frente a la Conselleria de Economía en Barcelona y por simular “un dispositivo engañoso” para permitir la celebración del referéndum del 1 de octubre.

Precisamente los dos magistrados de corte progresista integraron el tribunal –junto con el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska– que en el año 2014 absolvió a las 19 personas acusadas de asediar el Parlamento catalán el 15 de junio de 2011.

En su resolución, expusieron que todos los acusados “ejercieron el derecho fundamental de manifestación”, desoyendo a la Fiscalía que pedía cinco años de prisión para ellos por su participación en la concentración convocada por el 15-M ante el Parlament y que terminó en situaciones de asedio a más de una decena de parlamentarios, entre ellos el expresidente catalán Artur Mas.

La sentencia –que contó con el voto particular de Grande-Marlaska–, fue anulada por el Tribunal Supremo que condenó a tres años de prisión por delito contra las instituciones del Estado a ocho de los acusados. La ponencia de dicha sentencia corrió a cargo del magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del alto tribunal, donde se investiga al expresidente catalán Carles Puigdemont y a otras 24 personas en la causa del proceso independentista catalán.

En relación a Espejel, fue apartada del tribunal que juzgó la primera época de actividades de la trama Gürtel, y de otras piezas como la de la caja B del Partido Popular –conocida como los papeles de Bárcenas– por su proximidad con el PP. En lo que respecta a este último, las acusaciones denunciaron la “amistad íntima” tanto de Espejel como del magistrado Enrique López con algunos dirigentes ‘populares’ y su “interés directo” en el procedimiento.

Los acusados por la agresión en Alsasua (Navarra) a dos guardias civiles y sus parejas también pidieron apartarle del tribunal por los “lazos” que le unen con la Guardia Civil –está casada con un coronel del Instituto Armado– pero la Sala de lo Penal rechazó por extemporánea la acusación. El tribunal acabó condenando a los acusados a entre dos y trece años de cárcel pero no por los delitos de terrorismo que les imputaba la Fiscalía.

El pasado mes de abril la magistrada instructora, Carmen Lamela, concluyó la investigación tras siete meses de pesquisas y procesó a Trapero por dos delitos de sedición y uno de organización criminal, a Puig y Soler por un delito de sedición y otro de organización criminal y a Laplana por un único delito de sedición.

A finales de junio la Sala de lo Penal que preside Concepción Espejel, desestimó los recursos de apelación de los cuatro y confirmó su procesamiento al considerarles responsables de simular “un dispositivo engañoso” para que celebrase el reférendum del 1 de octubre, prohibida por el Tribunal Constitucional.

En lo que respecta al exjefe del cuerpo policial catalán, la Sala expuso que la investigación de estos hechos revelaba numerosos signos que le vinculan con los delitos de sedición y organización criminal y, por tanto, las conclusiones de Lamela “no son gratuitas y se asientan en numerosas comprobaciones y actos de investigación policial que señalan al procesado como partícipe“.

Para los magistrados, Trapero, como mayor de los Mossos, siguiendo las consignas recibidas de sus superiores y responsables políticos, “incumplió las órdenes emanadas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (de impedir la consulta) y las decisiones del Tribunal Constitucional para conseguir la celebración del referéndum ilegal y en esa connivencia hizo de correa de transmisión con sus subordinados”.

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