La desfenestración de Rajoy como presidente del gobierno no ha sido un asunto del pueblo español sino un asunto más bien perteneciente a las pasiones desenfrenadas y luchas por el poder de las oligarquías que nos gobiernan: eso que también ha recibido el nombre de castas parasitarias; término, por cierto, acuñado por un periodista de raza borrado de los medios llamado D. Enrique de Diego. Término del cual se apropió cierto político sin escrúpulos para conseguir méritos en su camino a alcanzar la casta con casoplón incluido.
Desde hace cuarenta años el pueblo ni ha pinchado ni cortado nada en todo esto simplemente porque nunca ha estado representado en el Congreso ni mucho menos en el Senado, una lacra más totalmente inútil que se ve obligado a mantener. Una muestra más de la ausencia absoluta de representación la tenemos en los recientes acontecimientos donde un personaje como Sánchez, que jamás ha sido elegido por nadie y ni siquiera se presentó a las elecciones, se permite el lujo de aliarse con quienes desean descuartizar lo poco que queda de España y ocupar la Moncloa. Entre ellos se lo guisan y ellos se lo comen.
Pero lo peor del caso es que ni el Sr. Rajoy ni ningún otro presidente tampoco ha representado jamás a los españoles: un futuro presidenciable hace una listas que son las que la gente vota y jamás elige (por lo tanto son votaciones, y no elecciones). Los componentes de la lista son los que en el futuro gozarán de las y mieles de sueldos de ensueños y prebendas que jamás seguramente lograrían como simples ciudadanos: y todo ello gracias a su jefe de partido, que es quien los puso en la lista ordenados según importancia. A cambio, esos mismos componentes de la lista son los que después eligen en el Congreso como presidente a quienes le pusieron en esa lista: dicho de otra forma. Yo os coloco en la lista y después vosotros me elegís a mí como presidente del gobierno. Evidentemente, a quien debéis lealtad es a mí y haréis lo que yo diga, no lo que quieran los votantes. Para más inri, multipliquemos esta situación por cada una de las 17 comunidades autónomas.
Así las cosas, si aquellos incluidos en las listas se ven obligados a votar lo que les dice un jefe que les puede quitar lo que les dio en cualquier momento: y encima, a este acto le dan el nombre de disciplina de voto. No es de extrañar que las leyes no se dicten en función de los designios del pueblo, sino seguramente en función de los dictados de ciertos equipos jurídicos pertenecientes a poderosas corporaciones: tampoco es de extrañar lo de las puertas giratoria. Tú me colocas la leyes que yo quiero y cuando dejes el cargo yo te coloco en mi compañía… No te va faltar de nada.
La verdad, nos podríamos ahorrar el inmenso gasto de diputados de forma que simplemente se reuniesen los cabeza de lista teniendo en cuenta la importancia según el número de votos obtenidos.
Pero peor aún… Si es condición sine qua non que en una democracia el legislativo (quienes dictan las leyes en el Congreso) jamás se mezclen con el gobierno ¿qué demonios hace el presidente del gobierno legislando? ¿Dónde está la separación de poderes? Evidentemente, en un democracia el gobierno en pleno debería tener prohibida la entrada en el Congreso. La función del gobierno en una democracia no es legislar (eso lo deben hacer los diputados elegidos directamente por el pueblo y representando al pueblo), sino salvar al pueblo de todas las situaciones de peligro y tomar decisiones para todos los casos imprevistos. Paralelamente, los funcionarios deben ocuparse de todo lo previsto: los hospitales, la policía, maestros… gobierno y funcionarios constituyen el Estado. El Estado jamás debe legislar, pues en una democracia esa función corresponde a la nación. De ahí que el BOE no sea más que una aberración más en todo este popurrí, que indudablemente es un forma de gobernar un país. Claro que se vota, pero por favor: no la llamen democracia. Será otra forma de gobernar los pueblos más o menos buena, pero no una democracia.
