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Es uno de los tres poderes de un Estado democrático que consiste en independencia total de los otros dos poderes públicos el Legislativo y el Ejecutivo. Su misión es aplicar las leyes hechas por el poder Legislativo que redactan y aprueban en el Parlamento por mayoría simple.
En función de la claridad de redacción de los textos legislativos los jueces y fiscales interpretan más o menos libremente esas leyes, y su aplicación queda en una justicia más o menos justa, en función de la claridad de redacción y sanciones del poder legislativo.
Cuántas veces la valoración punitiva de los fiscales y jueces son diferentes,  instruyendo mismos datos. Y es que en unos y otros de forma individual se hayan agrupados o no en asociaciones de jueces para la democracia,  jueces Francisco Vitoria, jueces profesionales,… e indudablemente interpretan las leyes según ideario.
Casos los Ere, Gurtel, Pujol, Noos,… casos en que el fiscal solicita una pena mayor y el juez la baja. Pero hay casos menos públicos que sucede lo contrario, el juez aumenta la pena del fiscal, en sí raro, la explicación está en la influencia por abogados, políticos, amistades,… en el Juez.
El ministro de Justicia está a por uvas, dice: “habrá de abordar los problemas de justicia de infraestructuras y personal”, que sí, pero obvia el más importante que es la falta de jueces y fiscales,  convocan unas cien plazas anuales para varios miles de opositores,  así como el sistema de oposición, que muchos jueces desnotan, del  primer ejercicio que es una selección propia de lotería, a través de un test.
Es un escándalo el nivel de la justicia desde su inicio para la entrada al cuerpo de jueces y fiscales. Sr. Ministro de Justicia, empiece por el inicio: número de plazas y forma de oposición.