Corren tiempos difíciles para la Justicia por la sentencia contra “La Manada” de la Audiencia de Navarra. Pero analizando las cosas con rigor y sin prisas ni retorcimientos interesados, creo que no es sensato, ni mucho menos justo, culpar a los tribunales. Me explico.

En España, los jueces (en los que debemos confiar por pertenecer a un poder independiente que ha demostrado en multitud de ocasiones su buen hacer) lo único que hacen es aplicar las leyes que están en vigor, aprobadas siempre por el poder legislativo. Bien es cierto que, como seres humanos que son, pueden cometer errores. Pero para subsanarlos, nuestra legislación dispone, como en todos los estados democráticos de derecho, de las correspondientes vías de recurso para modificar, revocar o invalidar las resoluciones impugnadas. Lo que no es de recibo es que se quieran trasladar a las calles (como en Venezuela) lo que tan solo se debe dirimir en los tribunales.

Pero si quiero dar un respetuoso toque de atención a los legisladores. Comprendo que su labor es muy difícil, pero, por eso mismo, las leyes tienen que ser estudiadas con rigor e imparcialidad y -sobre todo- trasladadas al BOE con criterios gramaticales sólidos e inequívocos. ¡Es la gramática! Esa gran olvidada -tantas veces- que con una coma mal colocada puede cambiar el sentido de la frase. Y hay que evitar a toda costa que una ley “mal escrita” se pueda prestar a interpretaciones tan diversas, que produzcan discrepancias entre los jueces y resultados indeseablemente controvertidos.