Paralamento de Navarra apoyo agresores de Alsasua
Pablo Iglesias con los familiares de los agresores de Alsasua
  • “En todo este caso se han seguido parámetro políticos, que no jurídicos. Se nos está diciendo que tenemos que tener confianza en la separación de poderes”, ha dicho la madre de uno de los acusados
  • La Audiencia Nacional comienza este lunes a juzgar a los acusados, a quienes se les imputan delitos de agresiones y de amenazas terroristas
  • Las defensas acusan a la Audiencia Nacional de “jugar sucio” al vincular los hechos con terrorismo, ya que ellos no pasan de ser “una bronca de bar”

La madre de Adur Ramírez, uno de los ocho acusados por la agresión a dos guardias civiles y sus novias en Alsasua (Navarra) en octubre de 2016, aseguró minutos antes de que arrancara la primera sesión de vista oral que acoge la Audiencia Nacional por estos hechos que se trata de un juicio político y que ante un tobillo roto se habla de terrorismo, en referencia a los delitos que pide para ellos la Fiscalía, informó Europa Press.

En declaraciones a los medios, Isabel Pozueta precisó que este lunes se va a escuchar la versión de su hijo –para el que el Ministerio Público pide 50 años de cárcel por cuatro delitos de agresiones terroristas– y del resto de acusados, ya que hasta la fecha siempre se conoció la versión de la Guardia Civil y la Fiscalía.
“En todo este caso se han seguido parámetros políticos, que no jurídicos. Se nos está diciendo que tenemos que tener confianza en la separación de poderes, que vivimos en un Estado de derecho y nos cuesta muchísimo creer eso porque está siendo un caso político y se está utilizando a nuestros hijos como peones de una partida política”, respondió a preguntas de los periodistas a la entrada de la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid).
Aunque no comparte “para nada” las trifulcas o peleas de bar”, expuso que la situación que viven los ocho acusados es “terrible” y que no saber qué va a pasar con ellos les está generando mucho dolor. Igualmente denunció que no se les ha permitido aportar la “mayoría” de pruebas testificales, documentales y periciales a la causa y que no existe objetividad en el tribunal.

Se refiere a la presidenta del mismo, la magistrada Concepción Espejel, de quien dijo que tiene “claramente” relaciones profesionales con la Guardia Civil. Precisamente las defensas de los ocho acusados presentaron el pasado mes un escrito ante la Sala de lo Penal en el que pedían que se apartara a la magistrada por estar casada con un coronel de la Guardia Civil y por haber sido condecorada por el Ministerio del Interior con la Orden del Mérito del Instituto Armado. La Sala rechazó la recusación por extemporánea.

Petición de prisión “desproporcionada”

“Decimos que no la compartimos y que además fue una pelea desgraciada y también decimos que la mayor consecuencia física fue un tobillo roto. A nosotros se nos han preguntado en algunos medios a ver cuántos muertos hubo… ante un tobillo roto se está hablando de terrorismo y se hace de petición de 50 años de vida para nuestros hijos. Es algo desproporcionado y no tiene palabras”, expuso Pozueta.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 15 de octubre de 2016 en el bar Koxka de Alsasua. Según el escrito de acusación, un teniente y un sargento de la Guardia Civil, ambos destinados en Alsasua pero fuera de servicio en ese momento, llegaron al local acompañados de sus respectivas novias para tomar algo, cuando varias personas les reconocieron y Ohian Arnanz abordó al teniente, preguntándole si era “madero”, a lo que él contestó que sí. Poco después, “alguien les arrojó un vaso de chupito de plástico“, pero los guardias y sus parejas no le dieron importancia.

Sobre las cuatro de la madrugada, explica el fiscal en su relato, llegó al bar Jokin Unamuno junto a otras personas, incluida una chica menor de edad cuyo expediente se sigue en la Fiscalía de Menores de la Audiencia Nacional. Unamuno se encaró con el sargento, por lo que el teniente intentó mediar, llamando al acusado por su nombre, lo que hizo que éste les empezara a gritar que se marcharan del local.

Según el escrito, los guardias y sus parejas fueron rodeados por un grupo de unas 25 personas, que les insultaron y amenazaron. “Iros de aquí, que os vamos a matar por ser guardias civiles”, “No tenéis derecho a estar aquí”, “Tenéis lo que os merecéis”, o “Iros de aquí, hijos de puta pikoletos, os tenemos que matar por ser guardias civiles, cabrones txakurras” son algunas de las frases que les gritaron.

Fue entonces cuando comenzaron las primeras agresiones dentro del bar, momento en el que las cuatro víctimas trataron de salir del bar, pero los agresores hicieron un pasillo en el que les propinaron “todo tipo de golpes”, entre ellos “empujones, patadas y puñetazos” que continuaron después en la calle.

En el relato del fiscal, fue fuera del bar donde tuvieron lugar los golpes más fuertes, pues el teniente y el sargento fueron agredidos “con gran violencia y brutalidad”. Concretamente, el primero recibió “una patada muy fuerte en el tobillo que le hizo caer al suelo”, mientras que el segundo cayó al suelo mientras le seguían propinando “puñetazos y patadas por todo el cuerpo”.

A la pena más alta se enfrenta Ohian Arnanz, ya que además de cuatro delitos de lesiones terroristas el fiscal José Perals le acusa de uno de amenazas terroristas. El Ministerio Público solicita para otros seis acusados –Jokin Unamuno, Jon Ander Cob, Julen Goicoechea, Adur Ramírez, Aratz Urriola e Iñaki Abad– una pena de 50 años de prisión cada uno por cuatro delitos de lesiones, mientras que para la octava imputada, Ainara Urquijo, se piden 12 años y medio sólo por amenazas con carácter terrorista.

En caso de que el tribunal, que estará presidido por la presidenta de la Sala de lo Penal, la magistrada Concepción Espejel, no estime estos delitos, la Fiscalía propone condenas por desordenes públicos terroristas, atentado, lesiones ordinarias y amenazas terroristas por los que pide para los acusados entre 18 años y 30 años y medio de prisión.

La agresión de Alsasua estuvo rodeada de polémica desde el litigio que mantuvieron la Audiencia Nacional y la Audiencia Provincial de Navarra por la competencia para investigar y enjuiciar los hechos. El Supremo resolvió en favor de la primera, confirmando así las acusaciones por terrorismo, algo que el tribunal navarro no contemplaba.

“No salir de allí”

Al intentar evitarlo, sus parejas también resultaron agredidas. También fueron amenazadas: “Esto que os ha pasado es por salir de allí arriba, cada vez que salgáis os va a pasar lo mismo así que lo que tienes hacer es no salir de allí”, les dijeron en referencia a la casa cuartel de la Guardia Civil de Alsasua.

Agentes de la Policía Foral se personaron en el lugar y trasladaron a los cuatro al hospital, al tiempo que otros compañeros arrestaron a Jokin Unamuno, pero se vieron rodeados de unas 40 personas que les increpaban e intentaban sacar del coche policial al detenido, al que finalmente consiguieron llevarse a la comisaría.

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de los agresores de Alsasua...

Según la Fiscalía, el teniente de la Guardia Civil sufrió múltiples contusiones y una fractura de tobillo que requirió intervención quirúrgica. Estuvo fuera de servicio 92 días. Su novia presentaba heridas y contusiones y recibió tratamiento por ansiedad, una situación que “se vio agravada al cruzarse por la calle con uno de sus agresores y por la situación que viven sus padres en Alsasua, donde residen y reciben amenazas e insultos”.

En cuanto al sargento, tardó 53 días en curar sus lesiones, que sufrió sobre todo en la espalda, mientras que su pareja, quien presentaba contusiones, continúa bajo control psicológico con visitas programadas cada dos semanas por estrés postraumático.

Tras las detenciones, todos los acusados salvo Ainara Urquijo pasaron por prisión provisional y la mayoría salieron en diciembre de 2016, a excepción de Ohian Arnanz, Jokin Unamuno y Adur Ramírez, quienes continúan en la cárcel.

Las defensas lo consideran “una bronca de bar”

Las defensas de los acusados acusaron en numerosas ocasiones a la Audiencia Nacional de “jugar sucio” al vincular los hechos del 15 de octubre de 2016 con terrorismo, ya que ellos no pasan de ser “una bronca de bar“. Y es que el fiscal les relaciona en su escrito con el movimiento Alde Hemendik (“Fuera de aquí”), con reivindicaciones de ETA y cuyo origen se remonta a 1976 con campañas en las que piden la salida de Navarra y País Vasco de la Guardia Civil, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Además, los abogados denunciaron también las “graves irregularidades” que, a su juicio, se produjeron durante el proceso de instrucción del caso, sobre todo por la “inadmisión de pruebas” de las defensas, pruebas que ellos consideran “pertinentes y relevantes” como declaraciones de testigos que no figuran en el atestado del Instituto Armado.

Según aseguran, la juez instructora, Carmen Lamela, tampoco les permitió aportar vídeos grabados tanto fuera como dentro del bar donde empezaron los hechos, a diferencia de las acusaciones, quienes sí van a presentar sus propios vídeos durante el juicio, al tiempo que “se ha impedido a las defensas la aportación de un informe pericial que cuestiona la mecánica de las ruedas de reconocimiento en fase de instrucción”, las cuales “se formaron con personas que no eran de Alsasua y de diferentes edades, nacionalidades y etnias”.

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