“Cuando adviertas que para producir necesitas la autorización de quienes no producen nada; cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes trafican no con bienes sino con favores; cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y las influencias más que por el trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos, sino que, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti; cuando repares que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un sacrificio personal, entonces podrás afirmar sin temor a equivocarte que tu sociedad está condenada.”
Estas palabras no son mías (¡Qué más quisiera yo…!) son de Ayn Rand (La rebelión de Atlas), pero definen con absoluta precisión la actual realidad de España. Aunque alguno dirá que nuestro país no es el único que se ve retratado en tales palabras, claro que, mal de muchos además de consuelo de tontos es sinónimo de epidemia, y a veces de pandemia.
Ayn Rand clasifica a las personas en dos tipos: quienes producen, y los que no producen que, generalmente viven a costa de los primeros. Los que producen crean riquezas aparte de causarle un gran beneficio a la sociedad; los que no producen se limitan a “succionar” a los que producen, a parasitar de ellos, no producen nada y para más inri suelen destruir lo que crean los productores, para lo cual se sirven de las leyes y de la administración del estado.
Las palabras de Ayn Rand me traen a la memoria los “Juicios de Residencia”, también llamados “Toma de Residencia”, ahora que, tras una larga espera de casi una década, se va a enjuiciar, por fin, a quienes han mal-gobernado y robado durante casi cuarenta años en Andalucía; voy a hablarles de una institución jurídica que tuvo gran importancia en la gestión política, la supervisión y el control de los empleados públicos que desempeñaban sus funciones en la América Española, aunque no era exclusivo del Nuevo Mundo, pues, también se utilizaba en el resto de los territorios del Imperio Español .
El juicio de residencia era propio del derecho castellano, aunque, al parecer, su origen estaría en el derecho romano tardío, fue introducido por Alfonso X el Sabio en las Partidas. Era un procedimiento judicial mediante el cual funcionarios de cierto rango (Virreyes, Presidentes de Audiencia, alcaldes y alguaciles) eran juzgados por su actuación en sus funciones de gobierno, tratando de ese modo de minimizar y evitar posibles abusos y corruptelas en el uso de su poder. Dicho proceso se realizaba al finalizar su mandato, al acabar el ejercicio de su cargo y era ejecutado normalmente por la persona que le iba a sustituir. En el “Juicio de Residencia” se analizaba detenidamente con pruebas documentales y entrevistas a testigos el grado de cumplimiento de las órdenes reales y su labor al frente del gobierno. La investigación y la labor de recabar pruebas e información las realizaba un juez elegido por el rey en el mismo lugar encargado de reunir todos los documentos y de realizar las entrevistas.
La “residencia”, que es como acabó llamándose para abreviar, era todo un evento público que se pregonaba a los cuatro vientos para que toda la comunidad participase y tuviese conocimiento del mismo. Estaba compuesto por dos fases: una secreta y otra pública. En la fase secreta el juez interrogaba de forma confidencial a gran número de testigos para que declararan sobre la conducta y actuación de los funcionarios juzgados, y examinaba también los documentos de gobierno. Con toda esta información el magistrado redactaba los posibles cargos contra los residenciados. En la segunda fase, la pública, los vecinos interesados eran libres de presentar todo tipo de querellas y demandas contra los funcionarios y estos debían proceder a defenderse de todos los cargos que se hubiesen presentado en ambas fases del proceso.
Posteriormente, el juez redactaba la sentencia, dictaba las penas y las costas y toda la documentación del proceso era remitida al Consejo de Indias, o a la Audiencia correspondiente para su aprobación. Las penas a los que se castigaba a los enjuiciados eran multas económicas que llevaban aparejadas la inhabilitación temporal o perpetua en el ejercicio de cargo público.
Los juicios de residencia funcionaron hasta que fueron derogados por las Cortes de Cádiz de 1812. Es muy sorprendente que fueran los liberales los que eliminaron una herramienta tan potente para el control de las corruptelas y abusos políticos de los gobernantes.
Decían los existencialistas que la angustia vital surge en los individuos cuando perciben un futuro indefinido, un horizonte lleno de posibilidades al que la persona debe enfrentarse sin ninguna garantía, la angustia incluye, además, desesperación y temor.
Los seres humanos son incapaces de vivir sin una confianza duradera en algo indestructible. La confianza y la previsibilidad, dos ingredientes imprescindibles para que los ciudadanos consideren que existe un buen gobierno.
En las sociedades supuestamente civilizadas el Estado debería ser gerente y garante del bien común, para lo cual es necesario que el Derecho, la Economía, la Política se “reconcilien” con la Ética. Lo cual está bastante lejos de la situación que padecemos en la España actual, en la que reinan la impunidad, la corrupción, el autoritarismo, y por supuesto, un profundo cinismo.
Esa reconciliación urgente de la Democracia con la Ética, con la Sociedad implica meterle mano a una de las cuestiones que supuestamente indignan más a los españoles: la corrupción.
El sistema político español está perfectamente diseñado de tal manera que la capacidad de decisión de los políticos, su posibilidad de decidir de forma arbitraria, caprichosa, son de tal magnitud que, corromperse más que una consecuencia es su resultado más lógico.
La corrupción en España se manifiesta de varias formas, tres en concreto:
La corrupción que tiene relación con asuntos urbanísticos, de recalificación de terrenos; la corrupción relacionada con contratos de bienes y servicios por parte de las diversas administraciones;y la corrupción ocasionada por los diversos subsidios y subvenciones.
Asuntos urbanísticos
En el asunto de las recalificaciones, como bien se sabe, la clave está en que hay autoridades, generalmente municipales que poseen la capacidad de alterar el valor de los terrenos que recalifican, y por lo tanto la posibilidad de hacerse ricos, o favorecer a familiares y amigos.
Contratos de bienes y servicios
Por otro lado, al existir multitud de oficinas públicas con capacidad de contratar bienes y servicios, también son enormes las posibilidades de adjudicaciones millonarias y milmillonarias, con las consiguientes comisiones o mordidas supermillonarias, a cambio del trato de favor, monopolístico que se les concede a “empresarios patriotas”, o de la cuerda del partido gobernante, sea cual sea el territorio e independientemente de los oligarcas y caciques que campen por sus fueros allí donde esté ubicada la oficina de contratación de bienes y servicios.
Subsidios y subvenciones
Luego, como tercera forma de corrupción, están los diversos subsidios y subvenciones, que fomentan la obediencia debida, el clientelismo, los estómagos agradecidos, al político que va repartiendo favores y regalitos.
Cuando se habla de todo ello la gente se indigna, grita, vocifera, pues cae en la cuenta de que así, de ese modo los manirrotos que nos mal-gobiernan originan un déficit continuo que acaba repercutiendo en el bolsillo del común de los mortales, e hipotecando el futuro de nuestros hijos, pero esa indignación suele durar poco…
Pero esa “indignación” desaparece cuando a uno lo tientan y acaba siendo agraciado con alguna de esas formas de corrupción. Y así hasta que los medios de información vuelven a airear algún caso “Gúrtel”, o el fraude de los “EREs de Andalucía”…
Hablaba más arriba de la necesidad urgente de reconciliación de la Democracia con la Ética, pero, para ello es imprescindible que la Sociedad deje de considerar que el fraude, la malversación de fondos públicos, el robo, la estafa, y tantas tropelías más de las que nos hablan un día sí y el otro también los medios de información, son “daños soportables”, y que se instituya un sistema de premios y castigos que promueva la excelencia y elimine la mediocridad y la impunidad que actualmente sufrimos, y que no nos merecemos. Estoy hablando de hacer realidad lo que nuestra Constitución proclama, aquello de que España es una Estado de Derecho, en el que todos: instituciones, dirigentes y la población en general (aquello que ahora llaman “ciudadanía”) asuman el cumplimiento estricto de la ley, extirpando la secular tendencia de los españoles a incumplir las normas, la pícara y ancestral actitud infractora que nos caracteriza, propia del que se salta un semáforo en rojo, o de los que se pasan por la entrepierna la Constitución.
Es por todo ello que considero imprescindible resucitar los “Juicios de Residencia” para poner freno a tales desmanes y disuadir a quienes tengan intención de incurrir en ellos.
Retomando la idea de reconciliación de la Democracia con la Ética: ésta solo es posible si se desmantela el Estado de las Autonomías, si se reestructura la organización territorial, si se suprimen todos los gobiernos regionales, los 17, y los 17 parlamentos, y los 17 tribunales de justicia, y se priva a todos los oligarcas y caciques de la capacidad inmensa de actuar con arbitrariedad, de delinquir, de las que gozan, y se les priva de su completa impunidad, para lo cual hay que suprimir también los aforamientos y la potestad que poseen los gobiernos de recurrir al indulto o cualquier clase de amnistía.
Para emprender la reconciliación de la Democracia con la Ética es imprescindible recuperar la unidad de España y que el gobierno central asuma todas las competencias, empezando por las de Justicia, Sanidad y Educación, que el sobrevalorado José María Aznar traspasó a los gobiernos regionales. Y, por otro lado, acabar con la corrupción implica suprimir toda clase de subsidios y subvenciones a partidos políticos, sindicatos y cualquier clase de asociación o club privado.
Porque, no nos engañemos, para que haya corrupción, aparte de políticos corruptos es imprescindible que también haya una gran mayoría de personas, de ciudadanos, que los apoyen, siendo por tanto sus cómplices (votando y volviendo a votar una y otra vez a los partidos corruptos) o convirtiéndose en estómagos agradecidos, paniaguados, miembros de la red clientelar de esos mismos políticos corruptos, de los que reciben en mayor o menor medida trato de favor, subvenciones, regalías diversas, concesiones de subsidios, y un largo etc.
Y me dirá más de uno que en España el que no se corrompe no es porque no lo desee, sino porque aún no ha encontrado el modo de hacerlo; y que estamos poco más o menos que obligados a resignarnos a la terrible situación de robo, cohecho, despilfarro, prevaricación, nepotismo, arbitrariedad generalizada, y un largo etc. por parte de los oligarcas y caciques que parasitan a nuestra costa, por los siglos de los siglos, como si alguien especialmente poderoso nos hubiera echado una maldición, o algo parecido.
Pues NO, somos muchos los que consideramos que el parasitismo en España no es un daño soportable, un mal menor, y que España tiene remedio. Inevitablemente, una vez más acudo a Joaquín Costa y su idea de que para regenerar España es necesaria una intervención quirúrgica urgente, una terapia de choque que corte de raíz todos los males que nos aquejan. Y habrá más de uno que vuelva a preguntar ¿Eso cómo se hace? Pues, muy sencillo:
Empezando por aplicar el principio de “mínima intervención”, promoviendo la máxima neutralidad de la Administración en todos sus ámbitos, local, provincial, regional, nacional; generalizando la idea de que el mejor gobierno es la mínima expresión del mismo, que se limite a perseguir las diversas formas de delincuencia, proteger a los ciudadanos de posibles agresiones del exterior, proteger la propiedad privada, la libre iniciativa privada, siempre que no implique atentar contra la integridad de otros, o intentar abusar, o intentar esclavizar… y por supuesto, vigilar para que se cumplan los pactos y contratos entre particulares.
Hay que arrebatarles el poder a los caciques locales, provinciales, regionales… y a los oligarcas nacionales instituyendo nuevamente los “Juicios de Residencia” o algún procedimiento legal similar.
También es imprescindible reformar la actual ley de “régimen local” para que los alcaldes y concejales dejen de tener la enorme capacidad de decisión que poseen en la actualidad, y particularmente lo que respecta a intervenir en el mercado inmobiliario, recalificando terrenos, aprovechando ellos y sus allegados y testaferros la información privilegiada que les da el ser alcaldes y concejales; e igualmente, es necesario desposeer a las corporaciones locales de su capacidad de contratar bienes y servicios con la arbitrariedad que actualmente lo hacen, evitando por todos los medios que favorezcan a empresarios amigos, e incluso creen empresas ad hoc, en la idea de que los ayuntamientos son su cortijo particular y que lo de menos es el interés de los administrados.
Por descontado, si se quiere acabar con el parasitismo, con la terrible corrupción, es también urgente crear una sola oficina de contratación de bienes y servicios, además de recuperar la unidad de mercado, eliminando toda la legislación de las diversas taifas, que en lugar de favorecer la libre empresa y el libre comercio, para lo único que sirve es para expoliar a los ciudadanos que realmente emprenden, producen y crean riqueza y por lo tanto empleo (esa es otra, ya es hora de que los españoles cambien el “chip” y se den cuenta de que los gobiernos no crean empleo ni riqueza sino la iniciativa privada).
Y más de uno me preguntará: ¿Alguien está dispuesto a cambiar la organización territorial del Estado, o a profundizar en el sistema de democracia liberal con estricta separación de poderes, o a meterle mano al sector energético, o hacer una reforma laboral medianamente decente, o promover un nuevo sistema de pensiones, o eliminar los privilegios de los colegios profesionales, o eliminar trabas burocráticas inútiles, o promover la innovación y el crecimiento empresarial en lugar de seguir subvencionando estúpidamente a las dichosas PYMES?
Pues SÍ, existe un partido político dispuesto a hacerlo, su nombre es VOX.
O los españoles ponen su vista en VOX, se acercan y se interesan por conocer su proyecto de gobierno… o solo nos quedará, tal cual nos cuenta Ayn Rand que acaba haciendo el principal personaje de su novela, “La rebelión de Atlas”, Jhon Galt, retirarnos a una especie de “Sangri La” situado en algún valle lejano entre montañas, abandonar esta sociedad corrupta e inmoral, a su suerte, y juntarnos con otras personas decentes para crear una nueva sociedad de productores en la que no haya un gobierno parasitario ni élites extractivas…
¿No les parece que ya ha llegado el momento de dejar el escenario, desvestirse del ropaje teatral, bajar a la platea y manifestar abiertamente, sin rodeos, que todo ha sido una ficción, que ha acabado “El retablo de las maravillas” del entremés de Don Miguel de Cervantes, que, ha llegado la hora de asumir la realidad?
E insisto: hay que reinstaurar los “Juicios de Residencia”.
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