AUGC confía en que la sentencia del juicio por los ataques de Alsasua
Guardia Civil. Imagen de Archivo

AUGC. En una nueva muestra de improvisación, imposición unilateral y carencia de respeto a los derechos de los agentes, la Guardia Civil ha comunicado sin previo aviso a los agentes destinados en Cataluña la anulación hasta nueva orden de todas las vacaciones y permisos concedidos los días anteriores y siguientes a la celebración de las elecciones autonómicas en esta comunidad.

Al igual que ocurriera ante el referéndum ilegal del 1 de octubre, el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil vuelven a disponer de los días libres de los guardias civiles sin previo aviso, y sin casi margen para que estos reorganicen sus planes familiares y personales. Tampoco han contado para esta medida tan contundente con las asociaciones profesionales, que han conocido esta orden por el malestar de los propios agentes. No parece importar al Ministerio del Interior las fechas tan señaladas en las que nos encontramos, ni los planes familiares de los guardias civiles, a los que con tanta asiduidad hace referencia el Sr. Zoido para agradecer su labor, pero que tan poco mira por sus condiciones laborales.



Cabe recordar que la convocatoria de estos comicios se produjo el pasado 27 de octubre. Es decir, casi dos meses antes de la cita. Esto significa que la orden dictada a los guardias civiles de Cataluña se ha producido casi mes y medio después, un periodo más que suficiente como para que los agentes pudieran haber conocido con anterioridad estos planes y recomponer la planificación de sus vacaciones y libranzas.

AUGC tiene, por tanto, que volver a lamentar esta falta de respeto a los integrantes de la Guardia Civil. Al mismo tiempo, espera que, al menos, la Dirección General sepa recompensarlos de manera óptima ante este trastorno personal y familiar que dicha orden supone, y que una vez más recae en los miles de miembros de la Guardia Civil, unos servidores públicos carentes de los derechos más básicos, y que han de ser participes como espectadores ante los abusos que se acometen contra ellos y sus familias.

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