Girasoles (Fotografía @jsobrevive)

España y todo el sector rechazan en el futuro una cofinanciación de cada país a las ayudas directas. Ahora queda por ver las decisiones que se van tomando en Bruselas.

A un año de que se presenten las propuestas normativas para la nueva reforma de la Política Agrícola Común (PAC), tal como estaba previsto, la Comisión de la Unión Europea hizo públicas en las últimas fechas las primeras orientaciones sobre la filosofía a impulsar e implantar en la próxima reforma. Sobre el papel, su entrada en vigor sería partir de 2020, aunque todo parece indicar que para esa fecha será muy difícil que esas disposiciones hayan sido refrendadas por todas las partes.

Lo que parece indudable a la vista de esas orientaciones, es que Bruselas quiere un cambio importante en la PAC, desde su aplicación con mayores responsabilidades para su control por parte de cada uno de los países miembros mirando los resultados de la misma, a la mejor distribución de los recursos para atender prioritariamente a las de los pagos por hectárea de los países del este a los del oeste así como a las explotaciones pequeñas y medianas.

En la parte positiva de esa propuesta, cabe destacar el mantenimiento de las ayudas directas que oficialmente suponen una media superior al 50% de los ingresos de las explotaciones comunitarias en su conjunto. En la parte negativa, la escasa presencia en la misma de medidas para mejorar la regulación de los mercados como instrumentos de rentas y el silencio sobre un tema clave como son las disposiciones para lograr el equilibrio en la cadena alimentaria en beneficio de la parte más débil, con normativa a nivel comunitario.



La PAC, frente a una participación cercana al 80% del presupuesto total de la Unión Europea en las últimas décadas del pasado siglo, en la actualidad supone solamente una cifra en el entorno del 38%.En el periodo de 2014 a 2020, los pagos directos previstos de la PAC en toda la UE se sitúan en 298.000 millones de euros de los que 35.700 corresponden a España.

De cara a la nueva reforma, la PAC se deberá enfrentar por primera vez a un nuevo escenario financiero, con un nuevo marco para después de 2020 que se decidirá la próxima primavera y donde hay nuevos elementos negativos para el sector agrario. El primero, la salida de Reino Unido que deja un agujero de más de 10.000 millones a las arcas comunitarias, lo que, a efectos del la PAC suponen unos 3.400 millones menos. El segundo, la posición comunitaria partidaria de aportar más fondos a otros sectores como la seguridad, la inmigración o el empleo.

Actualmente, los presupuestos comunitarios se nutren especialmente de las aportaciones de cada país que se eleva a casi el 1% de su Producto Interior Bruto. Si existiera un problema de fondos y se mantiene el interés de seguir con una PAC fuerte, los gobiernos solo tienen que decidir incrementar un poco sus aportaciones.

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Esta nueva situación y la existencia de críticas permanentes sobre la distribución de los recursos, habría sido una de la razones que impulsó a los responsables de la Comisión para abordaren profundidad una nueva redistribución de los mismos.

Actualmente cada país ya tiene la posibilidad de limitar el techo por explotación en 150.000 euros y en el caso de España el Gobierno decidió aplicar a partir de esa cifra una reducción del 5%. En un documento previo, Bruselas planteaba la posibilidad de fijar un techo de entre los 60.000 y los 100.000 euros.

Finalmente, Bruselas ha optado en sus orientaciones por no hablar de techos y se limita a señalar la necesidad un cambio en el reparto en beneficio de los pequeños a frente a los grandes. Hoy, un 20% de los siete millones de explotaciones cobran el 80% de los fondos. Igualmente se quieren corregir progresivamente las diferencias de pagos entre explotaciones de de los países este y de los viejos países miembros. Bruselas indica que si se aplican techos de ayuda por explotación, los ajustes no supongan un perjuicio para el empleo en las mismas.



Hay un punto clave para el sector en relación con los recursos financieros sobre el que la Comisión no se manifiesta claramente en sus últimas orientaciones y que ha constituido un motivo de preocupación para algunos Estados miembros como sería el caso de España, así como para las organizaciones agrarias. Se trata de la posibilidad de que para mantener la PAC en sus actuales niveles de pagos, sea necesario o no un sistema de cofinanciación, de que cada país deba aportar una cantidad para llegar allí donde no lleguen los fondos comunitarios.

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