El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, ha dictado una instrucción para que el presidente de la Generalitat destituido, Carles Puigdemont, informe en un plazo de diez días si ha pedido acogerse al estatuto de expresidente de la Generalitat para cobrar la pensión vitalicia como tal.

 

Puigdemont tiene tiempo hasta el 30 de noviembre para responder el requerimiento del Ministerio de Hacienda. En caso de solicitar la asignación como presidente, Hacienda interpretaría que acata la aplicación del artículo 155 de la Constitución y asumiría su cese, así como el del resto del Govern.

La pensión que le correspondería serían 112.000 euros al año, unos 9.000 euros brutos al mes, de acuerdo con la Ley del Estatuto de los Expresidentes. Esta ley fija que los ex cobren un 80% del sueldo de presidente, que es de 140.000 euros al año.

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