Lamela destaca que el documento EnfoCATs “establecía una hoja de ruta para llegar a la independencia”
Reunión de Govern, en una imagen de archivo
Asimismo, la juez dice que este documento, “se corresponde perfectamente con todos los pasos ejecutados por el Govern de la Generalitat durante los más de dos años transcurridos, incluida la DUI y se ha ido desobedeciendo sucesivamente, sistemáticamente y frontalmente todas y cada una de las decisiones del Tribunal Constitucional”.
Según explica Lamela en el texto, “los investigados urdieron una estrategia de todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con el reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas (ANC y Òmnium) que llevaría a la celebración del Referéndum ilegal el día 1-O y a la declaración de independencia”. La juez establece que a pesar de las sentencias del Tribunal Constitucional “el Govern continuó impulsando las medidas necesarias para la creación de un Estado catalán independiente, reforzado con el apoyo de asociaciones independentistas”.
El auto también aborda el papel de alguno de los ex consejeros para conseguir los objetivos. La resolución establece “el rechazo institucional al contingente policial desplazado en Catalunya” en un tuit que hizo Josep Rull, en la que dijo que “en efecto, no les hemos dejado atracar”. También haciendo referencia a los agentes alojados en los en barcos a los puertos de Barcelona y Tarragona, Lamela menciona otro tuit de Rull en la que decía: “para reprimir, no hay congelación de cuentas ni límites al déficit público”.
La juez también acusa Dolors Bassa de alentar la convocatoria de la huelga el día 3-O por el rechazo a las agresiones policiales del 1-O: “efectuando un comunicado desde el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia en el que se decía ‘el Govern se ha adherido al paro general previsto para mañana 3 de octubre, el personal que se sume y se ausente no se le computará esta ausencia'”. En cuanto a Meritxell Borràs, se le acusa de malversación de caudales públicos por “adoptar las medidas encaminadas a obtener los medios con los que poder celebrar el referéndum”.
