Clemente Polo.- Antes incluso de que el
Senado debatiera y aprobara las medidas propuestas por el Gobierno para
intervenir la Generalitat y el Parlament de Cataluña, ya han surgido algunas
voces autorizadas en el PSOE (Robles) y en el PSC (Iceta y Montilla) sugiriendo
que su aplicación resultaría innecesaria en caso de que Puigdemont se aviniera,
en el último segundo de la prórroga, a disolver el Parlament y convocara
elecciones autonómicas. El artículo 75 del Estatut concede al presidente de la
Generalitat esta prerrogativa que puede hacer efectiva en cualquier momento de
su mandato, incluso si no cuenta con el apoyo de los miembros de su gobierno.
Disuelvo… no disuelvo
Pues bien, cuando todo el
mundo daba por hecho ayer por la mañana que Puigdemont había deshojado la
margarita y se disponía a anunciar la disolución del Parlament y la
convocatoria elecciones autonómicas, nos encontramos a media tarde con una
nueva sorpresa: el todavía President dejaba en suspenso una decisión que no
había tomado, aduciendo que pese  sus
ímprobos esfuerzos por encontrar una salida negociada, el Gobierno de España se
había negado a garantizarle que la convocatoria electoral paralizaría la intervención
de la Generalitat. Robles saludó el anuncio (luego desmentido) de elecciones en
Cataluña como una “magnífica noticia”, y lanzó un mensaje muy revelador al
Gobierno: si se confirma la noticia, advirtió la portavoz parlamentaria del
PSOE, dejarían de darse los presupuestos jurídicos y políticos para aplicar el
artículo 155. En similares términos se expresó un militante del PSC, miembro de
la Junta de Societat Civil Catalana, en 24 horas. Dos buenas meteduras de pata.
Para los
constitucionalistas convencidos, el adelanto electoral constituía en el mejor
de los casos una nueva estratagema del movimiento nacional-secesionista, al que
nada le interesa más que detener la aplicación del artículo 155, sabedor de que
sin acceso ilimitado a la caja de la Generalitat va a resultar muy difícil
seguir financiando el proceso. Conviene recordar a este respecto que el
“inaceptable intento de secesión”, al que se refirió Felipe VI en la ceremonia
de entrega de los premios Princesa de Asturias en Oviedo hace unos días, y
llevó al Gobierno a solicitar al Senado la intervención de la Generalitat, no
ha sido resultado de un calentón circunstancial sino el fruto maduro de una
estrategia deliberada de confrontación que Mas inició en 2012, y Puigdemont continuó
sin desmayo desde el mismo día que fue investido presidente, un ya lejano 10 de
enero de 2016. Os dejaré a las puertas
de un nuevo estado, dijo entonces, y podría decirse que ha cumplido su palabra.
Lo difícil, sin embargo, no es llegar a la puerta sino traspasar el umbral.
155
La ingrata decisión de
aplicar el artículo 155 se ha ido posponiendo con la esperanza de que el
Gobierno de la Generalitat recapacitara y abandonara sus planes declaradamente
inconstitucionales de realizar un referéndum de autodeterminación, prólogo del
inicio de un proceso constituyente. Entretanto, y contrariamente a lo que se ha
afirmado desde el PSOE, los reiterados intentos del Gobierno de España de aparcar
estas cuestiones y abrir una negociación franca, respetuosa con la legalidad
vigente, con el gobierno de la Generalitat resultaron infructuosos. La quiebra
del orden constitucional devino intolerable después de que el Parlament
aprobara la “ley del referéndum de autodeterminación” y “la ley de
transitoriedad jurídica y fundacional de la república” a principios de
septiembre, y el gobierno de Puidgemont organizara el simulacro de referéndum
del 1-O, diera por buenos los resultados y proclamara y suspendiera la
república catalana.
Llegados a este punto, el Jefe
del Estado tuvo que salir al paso y denunciar el “inaceptable intento de
secesión” de una parte del territorio ante las cabezas visibles de las cuatro principales
instituciones de la UE, Parlamento, Consejo, Comisión y Tribunal de Justicia,
que respaldaron inequívocamente y sin fisuras nuestro ordenamiento constitucional.
Al evidente riesgo de involución democrática y fractura social en Cataluña, hay
que sumar la creciente inestabilidad política e inseguridad jurídica que ha
provocado la salida de más de 1.600 entidades financieras y empresas de
Cataluña desde el 2 de octubre. Hoy, hay una amenaza real de que Cataluña entre
en recesión y arrastre en su caída a la economía española. Quizá ahora se comprenda
por qué algunos alertábamos hace ya bastantes años que Cataluña, y no la
recesión, era el principal problema económico de España.
La implementación de las
medidas propuestas por el Gobierno al Senado va a encontrar fuertes
resistencias en las Consejerías, en las Diputaciones y en los Ayuntamientos, en
las escuelas, institutos y Universidades, en los medios de comunicación
públicos, en los sindicatos y en los colegios profesionales, en el entramado
asociativo, etc. El Gobierno tiene que anticipar la posibilidad de que consejeros,
diputados secesionistas y alcaldes y concejales de los municipios adscritos a
la AMI se declaren en rebeldía. Incluso en los ámbitos más técnicos de la
administración, como es el caso de los Mozos de Escuadra, el sistema sanitario
y las empresas públicas, cabe esperar fuertes resistencias. Por su parte, las
asociaciones secesionistas, ANC, Ómnium y AMI, y los “comités de defensa del
referéndum” tomarán de nuevo las calles para protestar  ‘pacíficamente’ y mantendrán su acoso a los
partidos ‘españolistas’ y a las  Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad desplegados en Cataluña. Como tristemente pudimos
constatar en los actos que protagonizaron los ‘jordis’ el  20-21 de septiembre, y los citados comités el
1-O, estas acciones pueden fácilmente derivar en una indeseable espiral de
violencia.
La suerte está echada
Quizá ni el propio
Puigdemont sabe con certeza cuántas veces cambió ayer de idea ni si iba a volver
a cambiar el plan en las siguientes horas. Aunque viéndole entusiasmado aplaudir
las arengas de los representantes de la CUP, ansiosos por proclamar la
república y redefinir las fronteras de la UE, me temo que la suerte está echada.
En cualquier caso, el único hecho indubitable es que Puigdemont dispone todavía
de 24 horas para convocar elecciones (y ofrecer garantías de que respetará la
Constitución y el Estatut), si quiere evitar que el Gobierno aplique las
medidas que el Senado está tramitando para restablecer el orden constitucional
y la convivencia en Cataluña.
Confío en que el Gobierno
es consciente de las enormes dificultades a las que va a tener que hacer frente
para gestionar la Administración Autonómica, y para convencer a la mayoría de los
catalanes de que un gobierno que, como el de Puigdemont y Junqueras, se salta
la ley, no es un gobierno democrático, aunque haya salido de las urnas, sino el
prólogo a una tiranía controlada por una minoría autoritaria y fanática. Espero
y deseo que el Gobierno haya estudiado bien el terreno y cuente con un buen plan
para ganar la crucial batalla de la comunicación, y para asegurar el
funcionamiento de los servicios públicos esenciales (sanidad y educación) y
mantener con eficacia el orden público. No va a resultar sencillo pero mejor hacer
ahora lo que inevitablemente tendría que hacerse dentro de unos meses.
Clemente Polo
Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico
Universidad Autónoma de Barcelona