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La economía sumergida en España asciende hasta el 24,6% del PIB, según un informe elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) en colaboración con la Universidad Rovira i Virgill de Tarragona. O lo que es lo mismo, equivale a una cuarta parte de nuestro PIB. Un porcentaje preocupante que nos sitúa a la cabeza del ranking de los países de la Unión Europea con mayor nivel de fraude fiscal.

Si bien es cierto que algunos economistas se amparan en la supuesta excesiva carga tributaria que soportan los españoles, que les empujaría a intentar escapar de lo que denominan el “infierno fiscal”, los datos son tozudos. Y no engañan. Así, de la comparación de los sistemas tributarios de los países miembro de la UE se desprende que España, históricamente, se encuentra por debajo de la media en presión fiscal de la UE a 28.

De hecho, el último dato publicado por Eurostat, referido al cierre de 2015, nos sitúa en un 34,6% de presión fiscal, frente al 40% de media en la UE y al 41,4% en los países de la zona euro. En otra palabras, España deja de ingresar cerca de 60.000 millones de euros al año como consecuencia de dicha brecha.

En Europa, pues, hay muchos países con un nivel de presión fiscal sensiblemente superior al del nuestro y que, no obstante, tienen cifras de economía sumergida y fraude fiscal muy inferiores. Datos publicados y contrastados que, por tanto, desmontan el mito de que cuanto mayor sea la presión fiscal mayor será el nivel de fraude. Y ello se debe, fundamentalmente, a dos elementos: el control del cumplimiento tributario por parte de las respectivas administraciones competentes, y el nivel de conciencia y responsabilidad fiscal de los ciudadanos.

En cuanto a la actuación de la Administración tributaria, desde Gestha llevamos ya tiempo destacando los defectos por los que la AEAT no es todo lo eficaz y eficiente que sería deseable. Y ello a pesar de las campañas publicitarias que, año tras año, envuelven la presentación de los resultados de la lucha contra el fraude, destacando lo histórico del récord conseguido, aun cuando la realidad apunte en otra dirección, como ocurrió tanto en 2013 como en 2016, ejercicios en los que cayeron los resultados respecto al de los años inmediatamente anteriores.

España es, también, uno de los países que cuenta con menos empleados en la AEAT por número de contribuyentes, de manera que Hacienda apenas tiene un funcionario por cada 1.928 contribuyentes, frente a países como Francia, donde hay uno para menos de la mitad de ciudadanos. Y ese déficit de recursos también se traslada al gasto que realiza la administración tributaria, según datos comparados de la OCDE y de la UE. Asimismo, más del 80% de los recursos se destinan a poner la lupa sobre los autónomos y las pymes, desatendiendo el control de las grandes empresas y patrimonios que, a fin de cuentas, conforman las bolsas de fraude más significativas. Y de ahí se deriva ese diferencial en economía sumergida y fraude con respecto a los países de nuestro entorno.

En cuanto al nivel de conciencia fiscal, es un hecho la distancia que nos separa de la mayoría de los países europeos. Kilómetros que se convierten en años luz si nos referimos a los nórdicos. Y esa inconciencia fiscal no puede ser atribuida, por más que nos pese, a nuestro carácter latino o pícaro, como muchos alegan. Se trata de razones más profundas directamente relacionadas con la tradición democrática, la transparencia y la dimensión de la corrupción.

En este sentido, frente a décadas de transparencia en Europa, la Ley que la regula en España tiene apenas cuatro años. Y ese déficit en casi 40 años desde la promulgación de nuestra Constitución es el que ha conllevado que una gran parte de la ciudadanía no se preocupara por el debate presupuestario, al contrario de lo que viene ocurriendo en otros países europeos, donde existe un gran interés por conocer el destino que tendrá la recaudación por impuestos. En España, en cambio, el convencimiento de que nuestros gestores han estado malgastando el dinero público en obras faraónicas e innecesarias, cuando no llevándose a manos llenas el dinero de todos, ha alejado a los ciudadanos de esa preocupación.

Así, haciendo una comparativa entre los países de la OCDE en términos de transparencia, corrupción y economía sumergida y fraude fiscal, llegamos a la conclusión de que los países con mayores cotas de transparencia y, por tanto, con menor corrupción, son a su vez los que cuentan con menores tasas de economía sumergida y fraude fiscal, y ello a pesar de contar con mayores presiones fiscales.

Si a esa falta de transparencia le unimos la opinión de los ciudadanos acerca de que el sistema tributario no es justo, ya que no paga más quien más tiene, como señala el 90% de los españoles en el último barómetro fiscal del CIS, llegamos a la conclusión de que necesitamos luchar contra la corrupción de forma decidida y reformar el sistema tributario para dotarle de mayor equidad.

Hacer efectivos ambos condicionantes, junto a políticas de pedagogía fiscal, que deben ir acompañadas del debido ejemplo por parte de las élites políticas y empresariales, hará que la conciencia fiscal de los ciudadanos aumente y contribuya a reducir la brecha que nos separa de los países más desarrollados de nuestro entorno, en lo que a economía sumergida y fraude fiscal se refiere.


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