Redacción.- La Guardia Civil, la Agencia Tributaria y la Inspección Sanitaria del Gobierno de Canarias, en el marco de la operación “Eternal Ink”, desarrollada en Canarias ha permitido la desarticulación de una red que introducía mediante paquetería y distribuía en Canarias botes de tinta utilizadas para tatuajes corporales no autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
La operación se inició el pasado mes de enero cuando los agentes identificaron en el Puerto de la Luz de Las Palmas de Gran Canaria, a un pasajero que iba a embarcar en un ferry hacia la isla de Fuerteventura donde se le intervino 16 botes de tinta para tatuajes que no se encontraban en el listado oficial de la página web, a disposición del público, de la AEMPS, por lo que fue detenido por un delito contra la salud pública.
Como consecuencia de dicho hallazgo, lo agentes continuaron con la investigación con la finalidad de determinar tanto el origen como los receptores de dichos botes contando para ello con el asesoramiento técnico de los inspectores de sanidad de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de Salud y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de forma que se coordinase una operación conjunta de ambos cuerpos para tratar de intervenir posibles envíos de botes de tinta igual a los intervenidos.
Fruto de las investigaciones, se pudo constatar donde se habían adquirido los botes de tinta no autorizada, por lo que se procedió a la entrada y registro de un negocio de tatuajes de Las Palmas de Gran Canaria, siendo supuestamente el titular el principal distribuidor de dicha tinta en las islas Canarias.
Cabe destacar, que en el registro practicado se intervinieron en el domicilio en una estancia oculta, más de 1.000 botes o envases de tintas no autorizadas, por lo que se procedió a la detención de tres personas (el propietario del local, su socia y una supuesta empleada), como presuntos autores de un delito contra la salud pública.
Asimismo, en los restantes establecimientos inspeccionados por los agentes se pudieron hallar botes de tinta no autorizada, así como otros envases no autorizados. Estos envases siempre se hallaban ocultos para no ser descubiertos ante posibles inspecciones.
Continuando con las investigaciones, los agentes pudieron constatar que de todas las inspecciones realizadas en el archipiélago canario, solo un establecimiento informaba a sus clientes de la utilización de dichas tintas no autorizadas, haciéndolo constar en la hoja de consentimientos de cada cliente, aunque su uso estuviese prohibido.
Dicha información queda plasmada en un documento denominado “Consentimiento Informado”, de obligatorio uso para el local y donde el cliente es avisado de los riesgos de la técnica y de las tintas y con su forma los acepta. Dicho consentimiento viene regulado y es una materia que se imparte en la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias.
A raíz del primer registro el dispositivo se desplegó en otras 3 islas del archipiélago, con los siguientes resultados:
Dicha evaluación exige la presentación de análisis realizados en laboratorios reconocidos que aporten datos sobre la toxicidad aguda o por administración aguda, la mutagenicidad, citotoxicidad, etc. Aspectos fundamentales para garantizar la seguridad del producto y que su uso no represente un riesgo para la salud antes de ser autorizado y utilizado por los consumidores.
El procedimiento de autorización en España sigue las recomendaciones de la Resolución del Consejo de Europa ResAP (2008) 1, sobre los requisitos y criterios de seguridad de tatuajes y maquillaje permanente y, consecuentemente, con el Reglamento (Ce) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos.
Unidades actuantes La operación ha estado tutelada por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria, coordinando al Destacamento de Seguridad de la Guardia Civil en el citado Puerto de la Luz, el Servicio Canario de Salud del Gobierno de Canarias y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, participando además diferentes unidades de la Guardia Civil como el Núcleo de Reserva, Sección Fiscal del Puerto y Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria.
