En manos del Puigdemont, pues, está que esta herramienta constitucional continúe su camino hacia la suspensión de la autonomía o todo vuelva al cauce de la legalidad. Si el martes por la noche, el Govern dejaba la pelota en el tejado de la Moncloa, un día después Rajoy se la devolvía. “Deseo fervientemente que acierte en su respuesta”, apeló al president.
El requerimiento consta de dos fases. Puigdemont tiene de plazo hasta las 10 horas del próximo lunes, 16 de octubre, para informar al Gobierno de si lo que ocurrió este martes en el Parlament fue una declaración de independencia. Y, en caso afirmativo, hasta la misma hora del jueves 19 de octubre para renunciar a estos planes. Si el Gobierno no consigue respuesta del president en este sentido, el 155 seguirá su curso con el traslado al Senado. Así lo pone de manifiesto el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales en el citado documento.
En el Gobierno confían en que Puigdemont abra un periodo de reflexión estos días para que la respuesta a la crisis en Cataluña sea política. En este sentido, destacan que el plazo dado va encaminado a este fin. Hace unas semanas, desde la Presidencia del Gobierno se había alertado de que estaban en disposición de aplicar el artículo 155 en cinco días.
El requerimiento no afecta solo a Puigdemont, destacan desde la Moncloa. Así, no sólo se le pide a él que aclare si su intervención en el Pleno del Parlament implica “la declaración de independencia al margen de que esta se encuentre o no en vigor”, sino que “confirme” si “alguna autoridad de la Generalidad” lo ha hecho.
Como respuesta, al Ejecutivo sólo le basta un “sí” o un “no”. La no respuesta implicaría que la aplicación del 155 seguiría su cauce.
“Consecuencias peores”
Tras hacer un relato de las relaciones entre Cataluña y el Estado en los últimos años y negar que lo ocurrido el 1-O fuese un referéndum, el presidente del Gobierno consideró que “no conviene seguir llamándose a nuevos engaños”. “A estas graves consecuencias seguirán otras peores mientras en Cataluña no se restablezca el orden, la seguridad jurídica y el imperio de la ley”, sostuvo.
A juicio del presidente, los responsables de las instituciones autonómicas catalanas “deben poner fin a esa deriva que tanto daño está haciendo a todos los catalanes, a la reputación de esa comunidad, a su futuro y a su bienestar”. “Nunca en su historia, los ciudadanos de Cataluña han gozado de más libertades, de más autonomía, de más capacidad de gasto, de más reconocimiento internacional”, consideró.
Mariano Rajoy no sólo tuvo advertencias para Puigdemont y sus colaboradores. También, para los “numerosos mediadores que durante estos días se han ofrecido, la mayor parte de ellos con buena intención, para colaborar en buscar una salida a esta situación”.
“No puedo más que agradecer su preocupación y su interés. Pero no hay mediación posible entre la ley democrática y la desobediencia o la ilegalidad”, sentenció.
