El presidente de la Generalitat no ha contestado a la pregunta que la semana pasada le dirigió el Gobierno central: ¿Declaró la independencia en el pleno del Parlament del pasado 10 de octubre? En un nuevo alarde de escapismo, Puigdemont soslaya la cuestión y se ciñe a una nueva oferta de diálogo sobre la base del presunto “mandato” recibido del pueblo catalán en el referéndum ilegal del 1-O, algo que como era previsible el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy no puede aceptar. Y así lo ha expresado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
Santamaría ha lamentado que Puigdemont “haya decidido no contestar al requerimiento” que le envió el Ejecutivo y no haya aclarado si proclamó la independencia, con lo que se activa el segundo plazo para que rectifique antes del jueves. Sáenz de Santamaría ha comparecido ante los medios en el Palacio de la Moncloa después de que esta mañana haya llegado la respuesta de Puigdemont al requerimiento del Gobierno, en la que no aclara si hubo una declaración unilateral de independencia. “Nadie ha tenido tan fácil evitar que se aplique la Constitución”, ha dicho en alusión al artículo 155.
El presidente de la Generalitat fija un plazo de dos meses para concretar el diálogo con el Gobierno central y propone que, en estos contactos, “todas aquellas instituciones y personalidades internacionales, españolas y catalanas que han expresado su voluntad de abrir un camino de negociación tengan una oportunidad de explorarlo”. “La prioridad de mi gobierno es buscar con toda la intensidad la vía del diálogo. Queremos hablar, como lo hacen las democracias consolidadas, sobre el problema que le plantea la mayoría del pueblo catalán que quiere emprender su camino como país independiente en el marco europeo”, asegura.
Puigdemont apela en su misiva a una serie de datos más que discutibles. Por una parte, enarbola los más de dos millones de votos que el 1 de octubre votaron sí a la independencia, en una consulta sin las mínimas garantías democráticas y sin la supervisión de un organismo independiente, por encima del propio Govern, que validara esos resultados. En segundo lugar, menciona el 47,7% de los votos que recibió el frente soberanista en las últimas elecciones autonómicas, el 27 de septiembre de 2015, frente a un 39,1% que habría votado en contra. En realidad, el presidente catalán hace una doble trampa: por un lado suma los porcentajes de las formaciones soberanistas que llegaron a una alianza parlamentaria posterior y, por otro, resta del bloque constitucionalista los votos de Catalunya Sí Que es Pot, que defiende la celebración de un referéndum pactado, no como el que se hizo el 1-O, y que no es partidaria de la independencia o al menos no lo era cuando se celebraron los comicios. Sumando los votos de esta plataforma, 8,94%, al 39,1% el resultado es 48,1%, es decir, por encima de los obtenidos por el secesionismo.
La carta de Puigdemont parece dirigida sobre todo a calmar las aguas del soberanismo, bastante revueltas desde su comparecencia en el Parlament, cuando a los ocho segundos de amagar con la declaración de independencia propuso a la Cámara la suspensión de sus efectos. De hecho, la diputada de la CUP Mireia Boya ha criticado el contenido de la carta del presidente de la Generalitat. “La CUP habría hecho una carta muy diferente”, ha dicho y ha insistido en proclamar ya la república. En declaraciones a Catalunya Ràdio, ha insistido en reactivar la declaración de independencia suspendida por Puigdemont, y ha asegurado que esa será la única manera de que el Gobierno central se preste a dialogar.
El consejero de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, que es uno de los miembros del Govern más secesionistas, ha afirmado también en Catalunya Ràdio que, si el diálogo con el Gobierno no es correspondido, el siguiente paso será la declaración de independencia, y no ha descartado que esta se produzca antes de Navidad. Forn ha afirmado que los detalles de la carta se consensuaron el viernes en la reunión que mantuvieron varios miembros del Gobierno catalán y ha apuntado que la carta se basa en “un hecho fundamental”, que fue el referéndum del 1 de octubre.
“Si se cree en el diálogo hay que llevar el ofrecimiento hasta el final”, ha argumentado, y ha evitado pronunciarse sobre cómo respondería el Ejecutivo regional a una eventual aplicación del artículo 155 de la Constitución y la consiguiente intervención de la autonomía. En este sentido, ha advertido de que, del mismo modo en que se suspendió la declaración en el Parlamento catalán, “se puede dejar de suspender”, aunque ha sostenido que si el Gobierno regional cree en el diálogo debe llevar este ofrecimiento hasta el final.
Forn ha recordado que la carta también incluye la petición de que finalice la represión contra el pueblo de Cataluña y el Govern -según el texto- y que se cierren las causas judiciales abiertas contra líderes soberanistas, y, en este sentido, ha considerado que “cuesta ver dónde hay un delito de sedición” en la actuación del mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, que declara este lunes en la Audiencia Nacional.
