El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha anunciado en rueda de prensa que este lunes se han presentado sendas querellas por delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y otros anexos contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el resto de personas que integraban su equipo de Govern -en la que se incluye al exconseller Santi Vila, pese a que dimitió antes de la proclamación-. También han presentado otra querella contra los miembros de la Mesa del Parlament que el pasado viernes participaron en la declaración unilateral de independencia. La primera se ha interpuesto ante la Audiencia Nacional y la segunda ante el Tribunal Supremo.
En las querellas, el Ministerio Público menciona expresamente que se proceda a la citación de los querellados con carácter urgente para tomarles declaración como investigados para valorar la adopción de las medidas cautelares de carácter personal, teniendo en cuenta la “gravedad de los hechos” y de los delitos imputados. Aunque de momento no se solicita prisión, si los querellados no acuden cuando se les cite se ordenará su detención con carácter de urgencia. Tanto desde el Supremo como desde la Audiencia Nacional se espera que las citaciones sean lo más rápidas posibles, es decir, que se produzcan esta misma semana.
Añade la Fiscalía que, tras la admisión a trámite de sendas querellas, se acuerden las medidas cautelares pertinentes para el aseguramiento de la responsabilidad civil, que en el caso de los miembros del Govern ascienden a 6,2 millones de euros. Concretamente, la Fiscalía pide que se incluya “la exigencia de fianza y, en su caso, embargo de bienes en la cuantía que prudencialmente se fija en un importe de 6.207.450 euros”. Se trata de una sola fianza por esa cantidad pese a la existencia de dos querellas independientes, por lo que debería ser asumida de forma grupal y solidaria por todos los querellados en ambos procesos.
La Fiscalía pide también que se acumule a estas querellas las causas seguidas ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra varios miembros de la mesa del Parlament por prevaricación y desobediencia, así como contra los responsables del Govern, por los mismos delitos más un tercero de malversación. Precisamente, el TSJC descartó “por el momento”, imponer una fianza a Puigdemont, y los exconsellers, como pidió la Fiscalía para asegurar responsabilidades económicas por el referéndum del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional.
Del mismo modo, la Fiscalía interesa que se unan a las causas en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo “el testimonio de los particulares que se consideren relevantes a los efectos de acreditar los hechos expuestos” en estas querellas y otras dos más. Se refiere a la causa que instruye el Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional por un delito de sedición contra los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmiunm Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, en prisión provisional desde el pasado 16 de octubre, así como contra el exmayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluis Trapero. Y también la investigación abierta por el titular del Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona contra cargos del Govern no aforados sobre los preparativos para el referéndum del 1-O.
Maza ha actuado, según ha dicho en su comparecencia para presentar las iniciativas de la Fiscalía, “en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público”. Ha asegurado que los principales responsables políticos de la Generalitat, “con sus decisiones y actos a lo largo de estos dos últimos años han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia realizada, con total desprecio a nuestra Constitución”.
Los querellados alentaron “una insurreción” y “un levantamiento violento”
En el texto de las querellas se acusa además a los querellados de alentar “una insurrección” y “un levantamiento violento” con el fin de celebrar el referéndum el 1-O y consagrar la independencia, lo que, a su juicio, constituye un delito de rebelión. El fiscal argumenta que la violencia que requiere el delito de rebelión no exige que se esgriman armas, ni combate ni violencias graves contra las personas. Y asegura que los querellados no buscaban solo el apoyo ciudadano para llevar a cabo su proyecto independentista, lo cual no sería objeto de reproche, sino de llamamientos directos o indirectos, a través de las entidades soberanistas, a la movilización popular o ciudadana como medio intimidatorio y violento para conseguir el fin secesionista.
Los miembros destituidos del Govern catalán “sabían que estaban incitando a las muchedumbres para intimidar a los agentes policiales y para que éstos no pudieran hacer efectivo el mandato judicial y para que, en definitiva, no pudiera prevalecer el imperio de la ley”, indica el escrito, que añade que eran “conscientes y asumían que esa misma muchedumbre iba a protagonizar también, como así ocurrió, actos de violencia material y física para la consecución de ese fin primario de celebrar el referéndum”.
Y prosigue: “La consigna repetida desde el Govern, los grupos parlamentarios independentistas y las entidades soberanistas, de la ‘resistencia pacífica’ -añade la querella- no era sino un eufemismo de lo que en realidad consistía en una incitación, difundida con publicidad y dirigida a los sectores independentistas de la población, para que se opusieran e hicieran frente a la actuación de los agentes”. De esta manera, “los momentos de violencia vividos en gran parte de los centros destinados a llevar a cabo la ilícita votación fueron el resultado de la pertinaz actitud de los querellados de celebrar a toda costa el inconstitucional referéndum imponiéndolo por la fuerza de los hechos consumados y de la multitud movilizada”.
Acto seguido, la querella detalla situaciones de violencia que se vivieron en centros de todas las provincias catalanas. En Barcelona, relata lo ocurrido en la escuela Ramón Llull, donde se produjo un herido grave en un ojo por un disparo de pelota de goma. Allí, explica el escrito, los antidisturbios se encontraron a las 8.30 horas con unas 700 personas en actitud de resistencia y bloqueando la entrada al centro, y tras media hora la Policía Nacional, ante la imposibilidad de acceder, “cargó contra los concentrados”, entró y se llevó las urnas. “Finalizada la actuación, los concentrados acosaron y acometieron a la policía para impedirles abandonar el lugar teniendo que lanzar salvas de advertencia y dos pelotas de goma para conseguir salir de la zona. Como consecuencia del acometimiento de los congregados resultando lesionados siete policías”, afirma la querella.
La “fuerza imprescindible” que, según el fiscal, tuvo que emplear la Policía
En otro centro, el instituto Jaume Balmes, indica que los alumnos se echaron al suelo para bloquear la entrada y los padres formaron una cadena humana, “por lo que la Policía hubo de emplear la fuerza imprescindible para llegar hasta la puerta, formar una línea policial y poder coger el material electoral, resultando lesionado un policía”.
También resultó herido un agente en el instituto Pau Claris, donde intervinieron para despejar una sentada en una escalera en la que “una persona alegó que le habían roto los dedos de la mano uno a uno, si bien, como ella misma reconoció después, solo tuvo una especie de capsulitis en un dedo”, dice la Fiscalía, que añade que la intervención “fue entorpecida por un mando de Mossos s’Esquadra que se encontraba en el lugar”.
En la Escola Mediterrània se vivieron esa mañana más escenas de violencia cuando los agentes “tuvieron que ejercer la fuerza” ante un grupo de ciudadanos que impedían la entrada. En ese momento, “se desencadenó una salva de insultos contra ellos” y allí había unos mossos d’esquadra que “también insultaron” a los antidisturbios “llegando a agarrarles”.
En otros centros de la capital catalana se levantaron barricadas e incluso se puso una grúa para impedir la entrada a los agentes, los policías dispararon salvas para conseguir marcharse y se enfrentaron con grupos de personas en situaciones que, como en el caso del instituto Diputación, se tornaron “tan violentas” que se vieron obligados a replegarse ante el temor de “una muchedumbre que podía descontrolarse en cualquier momento”. En este último centro, tuvieron que disparar pelotas de goma “pues habían quedado bloqueados y fue la única manera de abrirse paso ante la multitud”.
Los Mossos, una “fuerza armada” al declarar independencia
“La declaración de independencia impulsada por los querellados lleva ontológicamente anudada la asunción en exclusiva del mando sobre los Mossos d’Esquadra, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos armados, con el potencial efecto intimidatorio que los mismos representan para quienes intenten hacer efectiva la vigencia de la Constitución Española en Cataluña”, precisa la querella. Para el Ministerio Público, es evidente que la estrategia de la Generalitat, “basada en la movilización de la sociedad, parte de una actuación por parte de los Mossos comprometida con la línea de actuación diseñada desde el Govern”.
La Fiscalía recuerda lo que respondió Puigdemont el pasado 29 de agosto en una conexión a través de Facebook Live. A varias preguntas de ciudadanos que hacían referencia a si Cataluña ha de tener ejército en caso de secesión, Puigdemont respondió: “Los ejércitos y la política de defensa son absolutamente indispensables” o “No hemos de tener complejos, hemos de tener una política de defensa moderna, democrática y homologable a la de las naciones aliadas”, destaca la querella.
Respecto a la posible utilización de la policía catalana a favor de la independencia, la Fiscalía incluye también lo que dijo el exconsejero de Interior Joaquim Forn, uno de los querellados y “máximo responsable de dicha fuerza policial”, cuando el pasado 11 de octubre fue preguntado en un medio de comunicación sobre si podría producirse un enfrentamiento entre Mossos y Policía Nacional y Guardia Civil. Forn respondió al respecto: “Si hi ha bona voluntat i s’accepta la nova realitat política, no hi haurà cap col·lisió entre policies” (si hay buena voluntad y se acepta la nueva realidad política, no habrá colisión entre policías)”.
Penas de más de veinte años de cárcel para los dirigentes soberanistas
Por todos estos motivos, el fiscal general del Estado acusa de rebelión “o cuanto menos de sedición” a una veintena de dirigentes soberanistas, entre ellos el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, todos los miembros de su Govern y seis miembros de la Mesa del Parlament, incluida su presidenta, Carme Forcadell. El delito de rebelión está castigado con penas de entre 15 y 25 años de prisión para los jefes o instigadores y de hasta 30 si se han esgrimido armas, causado estragos o ejercido la violencia.
Según ha explicado Maza, las actuaciones contra los miembros del Govern se ha interpuesto ante la Audiencia Nacional, ya que no ostentan la condición de aforados al haber sido cesados de sus cargos. La segunda de ellas, la dirigida contra los miembros de la Mesa del Parlament -“que con sus acuerdos posibilitaron la tramitación de los proyectos esenciales para el desarrollo y la culminación del proceso de independencia”, ha explicado- sí que ha sido presentada en el alto tribunal debido a que la mayoría de ellos mantienen su aforamiento dada su pertenencia a la Diputación Permanente del Parlament.
“A partir de ahora, la Fiscalía continuará ejerciendo sus funciones desde la imparcialidad y con estricta observancia de lo dispuesto en la Ley, para garantizar el respeto al Estado de Derecho, al orden constitucional y a nuestro sistema de convivencia, gravemente afectado por las conductas que motivan las querellas”, ha concluido Maza.
El Fiscal General del Estado ha estado acompañado en la rueda de prensa por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas; el fiscal jefe de la Inspección, Fausto Cartagena; el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, José Miguel de la Rosa; y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso.
