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El Wanda Metropolitano abre sus puertas el sábado contra el Málaga. Después de años, todo parece listo para el traslado del Atlético de Madrid a su nueva casa. Pero a los retrasos y la incertidumbre en los accesos se ha sumado un nuevo problema. Dos propietarios del suelo original mantienen inscrito en el Registro de la Propiedad un derecho de reversión sobre el terreno y han reclamado al Ayuntamiento de Madrid la propiedad o que, como mínimo, se les pague infinitamente más de lo que recibieron en 2004 cuando les expropiaron. Esgrimen que ellos perdieron el terreno para un estadio público, pero que sin cumplir el plazo previsto en la ley ha pasado a ser terreno privado, propiedad del Atlético de Madrid. Casos similares han disparado las expropiaciones en Barajas y han acabado con sentencias millonarias contra las administraciones.
El Atlético de Madrid pasó a ser propietario del Wanda Metropolitano el pasado mes de marzo. El club y el ayuntamiento (gobernado por Ahora Madrid) firmaron un convenio para que el estadio pasase a ser privado. Cuando el club tomó posesión, descubrió que en la nota simple había dos cargas. Dos de los antiguos propietarios del terreno, miembros de la familia De la Peña, habían mantenido el derecho de reversión y así consta en la nota simple en el Registro de la Propiedad, según documentación en poder de El Confidencial. El derecho de reversión es el que permite a los expropiados recuperar su terreno si el suelo no recibe el destino previsto. Es decir, que si se les expropia para hacer un parque, luego no puede la Administración recalificarlo y construir allí pisos, porque les habrían pagado mucho menos de su valor.

Para solucionarlo, el pasado 26 de mayo, la Dirección General de Patrimonio del ayuntamiento aprobó “la cancelación de la inscripción registral del posible derecho de reversión”. El Atlético necesita tener el estadio en propiedad, sin cargas, y había que cancelar esa inscripción. Entre otras cosas, tener el estadio en propiedad y sin cargas le permite poder hipotecarlo si necesita conseguir financiación. El derecho se reversión se puede ejercer durante ocho años y el consistorio interpreta que ese plazo se ha cumplido con creces porque la licencia de actividad de La Peineta “se otorgó en 1994 y el convenio suscrito con el club Atlético de Madrid es de 12 de diciembre de 2008”.
Poco después, el pasado 3 de julio, estos dos propietarios presentaron un escrito en el ayuntamiento en el que negaban que eso fuese así y exigian que el terreno volviese a sus manos. Aunque La Peineta funcionó como estadio brevemente en los noventa, lo hizo sin la expropiación formalizada. Según ellos, el acta de ocupación se suscribió en septiembre de 2004, cuando el Ayuntamiento de Madrid, gobernado entonces por el PP, comenzó a soñar con los Juegos. Pero desde entonces nunca se terminó el estadio olímpico. Según estos propietarios, el inicio del cómputo de los ocho años se produce cuando entra en vigor la instalación, algo que no ha ocurrido en todos estos años.
En diciembre de 2008, el ayuntamiento y el Atlético firmaron un primer convenio para que el club construyese y utilizase el estadio. Pero en el acuerdo se especificaba que quedaba pendiente de la desafectación de los terrenos. Es decir, que entonces el terreno seguía siendo público y por lo tanto cumplía los fines de la expropiación. No es hasta 2017 cuando pasa a ser propiedad del Atleti.
“Resulta incuestionable que se ha producido aquí una alteración del uso para el que fue expropiado el terreno de titularidad de mis representados”, expone en el escrito el abogado que los representa: “En 2004 se expropió para implantar un uso dotacional público, con destino a la ubicación de un estadio deportivo de titularidad pública. Ahora, mediante la modificación puntual del PGOU de 2017, se establece un uso dotacional privado, para un estadio de fútbol propiedad de un equipo de fútbol, no de la Administración, al que se añaden otros usos lucrativos”.
Los dueños del terreno señalan que esa transmisión de 2017 contiene una “posible ilegalidad” por “posible vulneración tanto de las reglas sobre disposición de bienes públicos, al ignorarse las reglas de publicidad y concurrencia, como las reglas de derechos de la Unión Europea por poder constituir una ilegal ayuda de Estado”. Y que es entonces, cuando el estadio pasa a ser privado, cuando aparece una causa de reversión, según su argumentación. Desde diciembre de 2016, el suelo está catalogado como uso dotacional privado, infinitamente más valioso que la calificación que tenía cuando en 2004 les expropiaron, uso dotacional público. La amenaza de la ayuda ilegal de Estado que lanza el escrito es relevante, porque el Real Madrid ya ha tenido que devolver dinero al ayuntamiento por una operación urbanística.
Las dos parcelas que reclaman suman apenas 6.000 metros cuadrados, y en su día fueron expropiadas por 990.000 euros cada una, un precio de unos 300 euros el metro cuadrado. Ahora ese precio se podría multiplicar por 10. En caso de no conseguir que el terreno vuelva a su propiedad, reclaman la retasación, otra figura legal en favor de los expropiados que ha generado enormes quebrantos a la Administración en otras obras públicas. El potencial del problema es enorme. No por estos dos propietarios, sino ante la posibilidad de que se sumen otros (podrían intentarlo, aunque no tienen el derecho de reversión inscrito en el Registro). La superficie del estadio es de 244.177,99 metros cuadrados, y esta primera reclamación solo afecta al 2,5% de ese terreno.
Como los de los despachos contra la banca, la de las expropiaciones ha sido durante años casi una industria en la abogacía. Solo las retasaciones en Barajas han costado más de 400 millones, la Comunidad de Madrid ha tenido que pagar 44 millones a dueños del terreno en Las Rozas porque les expropió para un parque empresarial y acabó levantado pisos, y en las radiales hay sentencias que han tasado el terreno en más de 3.000 euros el metro cuadrado.
Fuente: https://www.elconfidencial.com/empresas/2017-09-13/wanda-metropolitano-reclamacion-duenos-suelo-ayuntamiento_1442404/