Redacción.- El Govern explicó cómo pensaba

realizar el referéndum del 1 de octubre el pasado mes de julio con cerca
de 100 días de antelación. En el acto de presentación, donde los
responsables de la iniciativa presentaron las principales
características de la convocatoria, el lema con el que se resumió la
jornada fue “como siempre”. Pese a aquella promesa, el referéndum encara
ahora su semana clave sin haber despejado las incógnitas sobre la
mayoría de los detalles técnicos, políticos y garantías.

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Censo sin publicar ni corregir

El censo es el documento en el que la Administración
incluye a todas las personas con derecho a participar en las elecciones,
distribuidos por secciones. Según la ley electoral española, este
listado se actualiza mensualmente y se cierra dos meses antes de la
celebración de la votación en la que se vaya a celebrar. En
los procesos electorales ordinarios, tanto las candidaturas como los
electores tienen un periodo hábil para recurrir el censo si entendieran
que hay irregularidades.
En el caso del referéndum
del 1-O, los problemas con el censo son diversos. En primer lugar, la
Generalitat asegura disponer de uno, pero no ha explicado cómo lo ha
conseguido o elaborado. Tampoco figura publicado en ningún sitio a menos
de dos semanas de la votación. Siendo así, tampoco ha habido
posibilidad de recurrirlo.
La ley electoral indica
además que la Junta Electoral enviará una tarjeta censal a cada elector,
con sus datos actualizados y la mesa a la que corresponde su sección
censal. Estas tarjetas tampoco han llegado por el momento a los
electores del 1-O.

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Puntos de votación aún no comunicados

Como no hay tarjetas censales, tampoco se conocen los lugares en los
que se prevé votar el 1 de octubre. Este asunto ha supuesto una
auténtica batalla política entre administraciones, ya que la Generalitat
deseaba que los puntos de votación en el referéndum fuesen los mismos
colegios que en unas elecciones ordinarias. Pero esto no será posible en
buena parte del territorio, tras haberse negado varios ayuntamientos a
ceder los locales de su propiedad. Los alcaldes que sí lo han admitido
han sido imputados y llamados a declarar por la Fiscalía.
Lo que se sabe por ahora es que la pretensión de la Generalitat es
abrir los colegios ordinarios allí donde tiene ayuntamientos favorables y
utilizar sus propios locales en los municipios que se niegan a
abrirlos.
Pese a esto, los responsables electorales
todavía no han publicitado esta lista, que estaría en proceso de
elaboración. Tanto es así que, en lugares como Barcelona donde el Govern
ha llegado a un acuerdo con la alcaldesa, Ada Colau, sobre los puntos
de votación, la Administración catalana todavía no habría acabado de
diseñar la fórmula para abrir centros educativos gestionados por el
Consorci d’Educació, controlado al 60% por la Generalitat.

¿Cuál será la composición de las mesas?

55.000 catalanes formarán parte de las mesas. Han sido elegidos aunque,
a diferencia de otras citas electorales, el sorteo para seleccionarlos
lo ha realizado la Generalitat y no los ayuntamientos. La notificación
que reciban irá acompañada de un manual de instrucciones.
Según la ley del referéndum, ahora suspendida por el Constitucional,
los escogidos para estar en las mesas no pueden negarse a la petición
del Govern, pero una vez hayan recibido la comunicación disponen de dos
días para poder presentar alegaciones. La ley catalana no fija cuáles
son las sanciones a las que se exponen si no se presentan. Ese podría
ser un problema menor teniendo en cuenta que el Ejecutivo central ya ha
advertido de que los integrantes de una mesa pueden incurrir en un
delito de desobediencia.
Todo eso en el caso de que
la documentación llegue a sus destinatarios, puesto que Correos ha
ordenado a sus trabajadores que frenen cualquier envío relacionado con
el 1 de octubre. El Govern era consciente de que podía encontrarse con
este veto y asegura que ha recurrido a otra empresas para enviar las
cartas.

Urnas y papeletas, en secreto

Desde
hace semanas tanto en público como en privado el Govern asegura que
dispone de las urnas pero ha evitado en todo momento dar ninguna pista
de su paradero. En agosto el president Puigdemont aseguró que ya tenían
más de 6.000 pero nadie sabe quién las ha comprado ni cómo. El concurso
público para su adquisición quedó desierto después de que la empresa
Plastics Express retirase la oferta. La segunda firma que también había
mostrado interés, la UTE integrada por Espai World y Suministros
Integrales Futbida, quedó descartada por no cumplir los requisitos
exigidos por la Generalitat.
El secretismo con que el
departamento del vicepresidente, Oriol Junqueras, está gestionando todo
el proceso ha dado pie a todo tipo de especulaciones. La más extendida
(y no desmentida) es que la Assemblea Nacional Catalana (ANC) es quien
se ha encargado de la compra de las urnas. ¿Podrán moverse 6.000 urnas
sin que los distintos cuerpos de seguridad, que tienen la orden de
requisarlas, se enteren?
Otro de los secretos aún no
desvelados es quién o quiénes se han encargado de imprimir las
papeletas. La Guardia Civil ha buscado en una imprenta de Constantí, un
semanario de Valls y sospecha de otras tres situadas de Sant Feliu de
Llobregat y L’Hospitalet. Pero, de momento, las papeletas no han
aparecido.

Dos delegaciones de observadores internacionales

La suspendida ley del referéndum estipula que la Sindicatura Electoral
pueda acreditar a observadores internacionales para controlar el
proceso. Por el momento el organismo ha acreditado a dos
grupos internacionales, que se han reunido con el conseller de
Exteriores, Raül Romeva, en los últimos días. Están liderados por el
diplomático holandés Daan Everts y por Helena Catt, que fue presidenta
de la comisión electoral de Nueva Zelanda.
Sin poder descartarse nuevas adhesiones, el equipo de observadores internacionales contaría con una veintena de miembros.
Estas misiones internacionales son un aspecto en el que la Generalitat
se ha esforzado, consciente de la importancia de la opinión pública
internacional en el referéndum del 1 de octubre. Pese a eso, no han
podido contar con observadores de organismos internacionales o
estatales ni de gran prestigio como el Centro Carter, que en abril
pasado rechazó participar tras la invitación de Puigdemont.

Sin campaña por el ‘no’

La ley no fija un mínimo de participación para que el resultado del
referéndum sea aplicable, pero sus organizadores saben que necesitan que
voten más catalanes que en el 9-N, cuando la cifra fue de 2,4 millones,
una cantidad elevada que en ese momento sorprendió tanto a la
Generalitat como al Gobierno central. PP, PSOE y Ciudadanos llaman a los
suyos a no participar en la votación. Su estrategia es la de fomentar
la abstención para que la participación sea lo más baja posible. Es su
manera de decir ‘no’.
En cambio, Catalunya en Comú,
el partido que lideran Ada Colau y Xavier Domènech, ha decidido
participar en el 1-O, aunque sin dar ninguna consigna de voto. Esta
decisión puede resultar clave porque los electores de los ‘comuns’ son
imprescindibles para que suba el porcentaje de participación en el área
metropolitana, la más poblada y más refractaria al secesionismo.
Fuente: http://www.eldiario.es/catalunya/politica/referendum-encara-semana-locales-electorales_0_686981602.html

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