Redacción.- El Gobierno lleva mucho tiempo analizando el ‘procés’ y la manera de impedirlo y, según publican varios medios, fuentes del Gobierno aseguran que, llegado el caso, los jueces podrían ordenar a las compañías suministradoras de electricidad y de red para transmisión de datos que corten el servicio a los locales implicados en la consulta declarada ilegal por el Tribunal Constitucional.

 

Así, el próximo 1 de octubre, los del referéndum ilegal podrían quedarse sin luces.
Pero no quedan ahí las acciones del Gobierno, los Mozos de Escuadra ya han recibido la orden de impedir la consulta y retirar todo el material previsto para la misma.
Y también la Fiscalía ha citado a todos los alcaldes pro referéndum, para avisarles de las consecuencias que puede tener su colaboración. Consecuencias que también pueden sufrir los directores de colegios y miembros de las mesas.