El portavoz del Gobierno, Jordi Turull, ha explicado esta serie de medidas asegurando que la actuación de la Fiscalía vulnera un proceso con garantías. “La Ley de enjuiciamiento criminal es muy clara y, por tanto, esta actuación de la Fiscalía es una vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías. Por lo tanto, requerimos que la Fiscalía Superior de Justicia, de conformidad con lo previsto el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento criminal cese de forma inmediata la práctica de cualquier diligencia relacionada con la celebración del referéndum”. El portavoz también ha asegurado que “la Fiscalía se está saltando las normas para justificar las actuaciones represivas contra un hecho que no es delito, porque el Congreso despenalizó la participación en un referéndum”, ha recordado. Turull también ha lamentado que el Fiscal General del Estado “expresa en los medios de comunicación que hay barra libre para todas las medidas, y esto se traduce en actuaciones que vulneran muchos derechos, como la libertad de expresión, la libertad de reunión o la inviolabilidad del correo postal”.
Sin embargo, Turull ha recalcado que el Gobierno cumplirá con la ley del referéndum a pesar de haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional: “En cuanto a las mesas, la ley del referéndum es clara y explícita y nos guiamos por esta ley. Los miembros de la mesa serán aquellas personas que han recibido la notificación y en caso de que no sean las mismas, se seguirá el sistema establecido por la misma normativa, que es el mismo que en todas las elecciones “.
