C.P.- Aunque las citas trascendentes para los
constitucionalistas en Cataluña volverán a ser este año el 12-O, Fiesta
Nacional de España, y el 6-D, conmemoración del XXXIX aniversario de la
Constitución Española, como demócratas no podemos ignorar la amenaza que supone
el plan del gobierno de la Generalitat y el Parlament de Cataluña de celebrar un
referéndum el 1 de octubre. Puigdemont, anunció
el 9 de junio la pregunta –“¿Queréis que Cataluña sea un estado independiente
en forma de república”?–, y el 4 de julio representantes de la CUP y de la coalición electoral Junts pel Sí (JxS)
presentaron la llamada
“ley del referéndum de autodeterminación” que fue registrada en el Parlament el
31 de julio. Su Art. 3.2
establece “un régimen jurídico excepcional”
que “prevalece jerárquicamente
sobre todas aquellas normas con las que pueda entrar en conflicto”,
incluidas la Constitución,
 el propio Estatut de Cataluña, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y el resto del
ordenamiento jurídico español.

    

Para posibilitar semejante despropósito
jurídico, los 72 diputados de ambos grupos aprobaron el 27 de julio una reforma
ad hoc del reglamento de la Cámara
que el Tribunal Constitucional (TC) anuló al aceptar el recurso presentado por
la Abogacía del Estado. Aunque la ‘ley’ –si llega a votarse y aprobarse en el
Parlament– correrá igual suerte que la citada reforma del reglamento, no puede
descartarse que el gobierno de la Generalitat y el Parlament de Cataluña
se declaren en rebeldía, y desobedeciendo al TC realicen un simulacro de
referéndum antes de proclamar la “república”. Estamos ante una burda estratagema
que pretende aprovechar la ajustada y circunstancial mayoría de que disponen en
el Parlament (72/135) para dar apariencia de legalidad a lo que sólo puede calificarse
como golpe de estado.

    

En
cuanto los diputados secesionistas aprueben
la ‘ley’, desobedeciendo al TC, y el gobierno de la Generalitat dé pasos para
implementarla –creando la ‘sindicatura electoral de Cataluña’, nombrando a los
miembros de las mesas electorales, realizando campañas institucionales para
promover la participación, adquiriendo urnas, cediendo espacios públicos para albergar
las votaciones, etc.–, los cargos electos y empleados públicos que lo hagan
incurrirán en delitos de los que
tendrán que responder ante los Tribunales. El vicepresidente Junqueras y
el consejero Romeva manifestaron su voluntad
de responsabilizarse de la adquisición de las urnas, y la alcaldesa Colau
su disposición
a ceder espacios públicos para albergarlas.
Pues bien, convendría advertirles a los tres que, si lo hacen, incurrirán en delitos incluso más graves que los que llevaron
a Mas, Homs, Ortega y Rigau al banquillo por organizar el 9-N, y a los diputados
Forcadell,
Barrufet, Corominas, Nuet y Simó a ser investigados por llevar
al pleno
del Parlament las “conclusiones finales” de la ‘comisión de estudio del proceso
constituyente’.

Respuestas democráticas
Quiero pensar que el referéndum del 1-O no llegará a
realizarse. La vicepresidenta Sáenz de
Santamaría y el presidente Rajoy así lo han reiterado
y confío
en que cumplirán su palabra dada. Impedirlo constituiría un éxito que
reforzaría el crédito del Gobierno de España pero sobre todo la confianza de
los españoles y la comunidad internacional en la solidez
de nuestras instituciones democráticas. Los nuevos Tejeros deberían correr la
misma suerte que sus antecesores: ser juzgados y condenados con todas las
garantías del Estado de derecho. Entendemos,
por ello, que el Gobierno debería,
además de recurrir al TC, vigilar muy de cerca todos los movimientos de
consejeros, interventores, diputados, alcaldes y organizaciones secesionistas
para impedir que el referéndum se lleve a cabo.

    

Aunque es al Estado a
quien corresponde adoptar  las medidas
necesarias para abortar el golpe de estado y juzgar a sus avalistas y ejecutores,
las asociaciones constitucionalistas tenemos que
estar vigilantes y denunciar a aquellas instituciones y personas que usurpen
funciones que corresponden al Gobierno, a la Junta Electoral Central y a las
Juntas Electorales Provinciales. En cuanto recibamos nuestra tarjeta censal, indicando la sección y la mesa donde podemos ejercer
el voto, debemos denunciar el hecho, pues ningún organismo administrativo,
salvo el INE, puede disponer de nuestros datos personales, mucho menos la
“sindicatura electoral de Catalunya” constituida al amparo de una “ley”
suspendida por el TC. Convendría también personarnos allí donde se instalen urnas para
constatar si nuestros datos personales figuran en el ilegal ‘censo’ y presentar
la correspondiente denuncia.
 

Resulta
asimismo esencial desenmascarar el
carácter
antidemocrático
del referéndum. Hay bastantes
ciudadanos en Cataluña (y hasta
votantes de Podemos en España) a quienes se les ha convencido con atractivos
eslóganes, como “derecho a decidir”, que estamos ante un legítimo ejercicio democrático avalado por el Derecho
Internacional. Hay que explicarles que los argumentos de los partidos y
asociaciones secesionistas son falaces y convencerlos de que
no deben participar en un referéndum que
incumple las tres reglas básicas de la democracia: respeto a la Ley; respeto a la división de poderes; y respeto a la división
de competencias que configura la estructura territorial del Estado. La “ley del
referéndum de autodeterminación”, como la denominada
“ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república” registrada hace
unos días en el Parlament, viola los tres. Todo un record premonitorio de la
inseguridad jurídica y el carácter totalitario de la monstruosa
república de PuigCupqueras.

Algunas lecciones
Algunas enseñanzas útiles podemos
extraer al analizar la deriva secesionista en Cataluña. Primera, las transferencias
de competencias y las concesiones hechas al corrupto ‘régimen pujolista’
(1980-2003) y a los gobiernos tripartitos encabezados por el PSC (2003-2010) sólo
han servido para fortalecer al movimiento nacional-secesionista, ahondando la
fractura social en Cataluña y debilitando al Estado de Derecho. Segunda, ningún
Estado descentralizado puede sobrevivir a medio plazo si permite que los cargos
electos autonómicos y municipales incumplan
la Constitución y se dediquen a patrocinar la secesión de una parte del
territorio. Tercera, el Estado no puede abdicar de su responsabilidad de garantizar
la neutralidad e independencia del sistema educativo y de los medios de
comunicación e impedir
su utilización torticera con fines de adoctrinamiento. Y cuarta, el Estado
tiene que establecer controles
más estrictos para asegurarse de que la 
Generalitat destina todos los impuestos cedidos y las transferencias
recibidas a financiar servicios públicos, y no los desvía a promover actividades
y asociaciones cuyo propósito manifiesto es destruir el ordenamiento
constitucional.

    

El 1-O pasará pronto a mejor vida pero la semilla de
la discordia y el odio que los partidos y asociaciones secesionistas han
sembrado y cultivado con ayuda de los presupuestos de la Generalitat perdurará
durante décadas. Con ocasión de la manifestación
contra el terrorismo celebrada en Barcelona el 26 de agosto, pudimos constatar
una vez más la miseria
espiritual y las actitudes
totalitarias y violentas que animan a las hordas del secesionismo estrellado. Está
en riesgo nada menos que el futuro del Estado democrático y social donde
cabemos todos los ciudadanos, con
independencia de nuestra ideología política y creencias religiosas, y donde todos disfrutamos de las mayores
cotas de libertad e igualdad de nuestra historia. No podemos fallar: está en
juego el porvenir de nuestros hijos. 

Clemente Polo es Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Autónoma de Barcelona.