@AntoniodlTL.- Pues sí, entre estos dos conceptos, derecho y obligación -en teoría, no incompatibles, pero en este caso
bastante antagónicos-, parece estar la acuciante situación que se está dibujando
en la España de hoy desde hace bastantes años y que se torna especialmente
preocupante desde que, hace ya casi tres, el entonces “molt honorable” -más
bien muy despreciable y bastante miserable- Arturo Mas, se sacó de la manga esa
especie de “referéndum” de cartón que, con “mezquindad y alevosía”, organizó de
forma unilateral el pasado 9 de Noviembre de 2014 en Cataluña para ejercer el
supuesto “derecho a decidir” que esa parte de catalanes separatistas -lamentablemente,
más numerosa cada día – demanda, ante la pasividad de los diferentes gobiernos,
socialistas y populares, reacios a cumplir las leyes que los respaldan -estos
últimos-, cuando no, apoyándose interesadamente -unos y otros-  en el nacionalismo, para conseguir consolidar
lo que las urnas no le dieron con claridad. 

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Ahora estamos viendo, en toda su crudeza, el gran error que
cometieron, insisto, unos y otros -los que lo dejaron abierto y aceptaron la
interpretación unilateral de la Constitución, primero, y los que fueron
cediendo ante los nacionalismos por una cuota de poder, después y hasta hoy-,
permitiendo que -sin prisa, pero sin pausa- poco a poco las transferencias de las
competencias en el área de Educación -entonces, con mayúscula- fueran derivando
hacia la “doctrina” que ya es, en interés de los sobrevenidos reyezuelos
autonómicos. El efecto de “lluvia fina” ha acabado por calar hasta
los huesos a esas nuevas generaciones que “aprenden” lo que se les “enseña”,
mientras el Estado mira para otro lado, no se vayan a enfadar sus
“socios”, tan interesados como insaciables. Así, hemos visto, cómo la
verdadera Historia de España -con mayúscula también- ha venido siendo
sustituida en los últimos casi cuarenta años, sobre todo en Cataluña -aunque
por desgracia, no sólo allí-, por una serie de cuentos y relatos de historietas
sólo existentes en las mentes, deformantes primero, y deformadas después por
ese adoctrinamiento sectario. Y digo que por desgracia no sólo en Cataluña
porque con mayor o menor descaro o resonancia mediática está ocurriendo en
Baleares, Valencia o Vascongadas e incluso en regiones que nunca tuvieron el
menor sentimiento nacionalista, como mi querida Andalucía de la que salí por
motivos académicos y profesionales hace ya más de cincuenta años, pero que
visito con frecuencia y sigo su actualidad con enorme interés -leí hace unos
días que se va a empezar a “impartir” allí la asignatura de
“Memoria histórica”, homenaje a la “creación” del innombrable y
sectario Rodríguez, “maestro” del resentimiento, que podemos imaginarnos por
dónde va a ir y la objetividad que habrá en su programa-.
Fruto, sin duda, de esa “siembra”, a medio y largo plazo, ha
ido tomando “cuerpo” la interpretación unilateral -tan peregrina como
retorcida- de la palabra “derecho”, por
parte de unos pocos, que quieren anteponer su capricho al verdadero sentido de
esa palabra que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
es, entre muchas de sus acepciones, la “Facultad de hacer o exigir todo aquello que
la ley o la autoridad establece en nuestro favor
o que el dueño de una cosa
nos permite en ella”
, anteponiendo ese hipotético “derecho a decidir”
sobre su independencia, que se permiten exigir, a lo que recoge explícitamente
y sin ambages el Art. 2 de nuestra Constitución que “se fundamenta en la indisoluble
unidad de la Nación Española
…”
que ellos, unilateralmente, insisto,
quieren ignorar, en detrimento del derecho de todos los españoles -incluyendo
el de la parte de catalanes, mayoritaria hasta ahora, que no quieren la
separación de España. Ojo con el Valle de Arán, que también reclama su derecho-
a decidir sobre una cuestión tan relevante y capital como sería la
desmembración de un trozo del territorio nacional, tan de “propiedad” de un
gallego o de un andaluz -por citar sólo dos toponimias- como del más arraigado
catalán que queramos considerar.

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Y, frente a esta -como digo- retorcida y unilateral
interpretación del supuesto “derecho a decidir” de una parte de los catalanes, se contrapone la otra palabra del
título de mi artículo, la “obligación –y,
añado- ineludible”, del Gobierno y
las Instituciones del Estado, de impedirlo desde el marco legal que les ampara.
De todo el marco legal, empezando
por la propia Constitución Española, desde el Art. 8. 1: “Las Fuerzas 
Armadas … tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de
España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”

hasta el, últimamente, tan controvertido Art.
155.1
: Si una Comunidad Autónoma no cumpliera  las obligaciones que la Constitución u
otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente el interés
general de España
, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente
de la Comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación de
la mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para
obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la
protección del mencionado interés general
o viceversa, ya que la
aplicación del Art. 155.1 no supone la actuación inmediata de las Fuerzas
Armadas -como hiciera en Octubre de 1934 el General Batet ante la declaración
de independencia de Luís Companys- sino que sería suficiente con la intervención
administrativa de Cataluña y la destitución del Gobierno de la Generalidad -que
también olvida que no es otra cosa que la representación
del Estado
en la región, por “delegación”
de éste-. 
En esa línea, la Vicepresidente del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo hace
unos días que, ante la pretensión de los soberanistas catalanes –“no hay ningún poder que pueda frenar el
voto”
, avisó de nuevo un desafiante Puigdemont- de aprobar una ley que, en 48 horas, permita declarar la
independencia, “al Estado le bastan 24 horas para recurrirla y obtener su paralización”.
¿Está dispuesto este Gobierno -pese a la “tibieza” del PSOE- a actuar de manera
contundente -aunque, a mi juicio, con demasiado retraso- al desafío creciente
de esa minoría catalana? Lo veremos en no mucho tiempo, porque el 1 de Octubre,
fecha anunciada para el inicio de la “rebelión” -una fecha, por cierto, que
tiene su morbo porque, como los mayores recordarán, ese día se celebraba en
toda España -Cataluña incluida- el “Día
del Caudillo”
-.
Dejo un
par de enlaces por si alguno de mis lectores quiere ampliar con lo que ya
opinaba al respecto hace unos años: sobre el derecho a decidir  (19.11.2014) y sobre el artículo 155 de la Constitución (4.08.2015).
Termino con una frase que escuché hace unos días a Ignacio Astarloa, el que fuera
Subsecretario de Justicia y Secretario Estado de Seguridad en el segundo Gobierno
de José Mª Aznar -Mayo de 2000 a
Abril de 2004-, que creo que viene que ni pintada para nuestro Gobierno actual:
“Cuando
se incumple la ley, la solución no es reformar la ley, la solución es hacerla
cumplir”
.

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