“Da
miedo la clarividencia de la cúpula convergente. Si la interpretación ‘masiana’
de una manifestación condujo al hundimiento del transatlántico CDC, ¿por qué se
empeñan en su abisal torpeza?”

La
travestida Asamblea Nacional Catalana (ANC) no levanta el pie del acelerador.
La organización que abandera el independentismo ha tocado a rebato al pueblo
catalán (pueblo catalán=independentistas) para que, el próximo 6 de febrero,
salga a defender la democracia (defender la impunidad=defender la democracia) que
está en grave peligro en Cataluña.

Según
la doctrina separatista, el 6 de febrero, no solo se abre juicio contra el
expresidente Artur Mas
y las consejeras Ortega
y Rigau,
sino contra todos aquellos que votaron el 9-N, es decir, contra el auténtico
pueblo catalán según designio de Carmen Forcadell, actual presidenta del
parlamento catalán. El pueblo catalán debe hacer una demostración de fuerza y,
para ello, es necesario que a los cargos políticos se unan los funcionarios y
trabajadores de aquellas empresas que apuestan decididamente por la
independencia de Cataluña. Se necesita una multitud ante el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña.
El
gobierno de la Generalitat, por boca de la consejera de Gobernación,
Administraciones Públicas y Vivienda –Meritxell Borrás– ve normal y muy
necesario que los funcionarios libren ese día para apoyar a Mas porque ‘lo que
tiene fuerza y volumen es la voluntad de la gente’, afirma. Da miedo la
clarividencia del soberanismo en general, y de la cúpula convergente en particular.
Si la interpretación ‘masiana’ de una manifestación condujo al hundimiento del
transatlántico CDC, ¿por qué se empeñan en su abisal torpeza?
Entiendo
que para la consejera es normal que el lunes 6 de febrero no se impartan clases
en colegios, institutos y facultades universitarias; que los ayuntamientos no
atiendan a los ciudadanos que requieran de sus servicios; que se interrumpa el
normal funcionamiento del transporte público de viajeros; o que no se garantice
la seguridad vial. Es decir, que se interrumpa la normalidad de un día laboral.
Entiendo más: ese parece ser el objetivo del gobierno de la Generalitat.
Sería
un error minorar la gravedad de esta revuelta y dejarla sin respuesta. La
convocatoria no es solo un acto de propaganda sino un ensayo para comprobar si,
cuando llegue la ruptura, los separatistas son capaces de paralizar la economía
catalana durante una semana, tal y como anunció Oriol Junqueras el 13 de
noviembre de 2013. Otro, y no menos grave, sería pensar que el aspirante a
Mesías, Carlos Puigdemont, no es capaz de firmar el decreto de proclamación de
la República catalana. Tengan por seguro que lo hará si antes no se interviene
la autonomía.
Finalmente,
sería catastrófico equivocarse y pensar que no hay una multitud –la hay, aunque
no sea mayoritaria– dispuesta a lanzarse al vacío. La estupidez humana no tiene
límites. No confiamos la construcción de un puente o un edificio a nadie que no
sea un profesional acreditado y, sin embargo, estamos dispuestos a permitir que
unos visionarios conduzcan a millones de ciudadanos a la ruina.
¿Somos
o no estúpidos?
José SIMÓN GRACIA