Así de simple es la democracia formal

La
unidad democrática parte del colegio
electoral perteneciente a su correspondiente distrito electoral,  hasta llegar al gobierno de la nación.
 

Cualquier
Español residente en España y mayor de edad puede presentarse a representante de los ciudadanos de su distrito o presidente del gobierno de la nación española.

Si no se consiguiera mayoría absoluta en la primera vuelta los
cargos de diputado o presidente del gobierno serán elegidos a
doble vuelta,  directamente por la sociedad civil, en convocatorias distintas solo desde los colegios electorales. Se necesitarán mil avales de los vecinos para poder presentarse a la elección de diputado y una mayoría de distritos para el de presidente.

Esos cargos (diputados y presidente) nunca tendrán nada que ver el uno con el otro: ni en consultas, aprobaciones, etc.

Nadie
sobrepasará más de dos periodos legislativos de 4 años, volviendo
después a la sociedad civil con los mismos derechos que los que
partió. Ni uno más, ni uno menos. Quedan derogados todos los
privilegios de casta del sistema partitocrático anterior, aplicándose las mismas
leyes, deberes y derechos que a cualquier ciudadano.

Los
partidos, sindicatos, patronal y cualquier asociación civil deben
pertenecer a la sociedad
civil, y ser sufragados, voluntariamente,
sólo por sus simpatizantes o miembros. Nadie puede ser obligado a sostener ninguno de ellos. Nunca serán sufragados por el Estado.

Ningún
partido, sindicato o patronal podrá aceptar ninguna financiación
anónima, de lobbies o grupos de presión financieros o del tipo que sean.
La transparencia y control debe ser absolutos por lo que Pay Pal y
formas paralelas de recaudación no serán admitidas.

Habrá
1 diputado por cada distrito, con
mandato imperativo
y revocable, cada cien mil
habitantes,
pagados directamente por los representados
a través de los colegios electorales.

Los
diputados, formando
parte del poder legislativo, propondrán
las leyes en función de los dictados de la sociedad civil de cada uno de sus distritos, pero sin
imprimir carácter coercitivo. Los representante de distrito forman una amalgama de sus respectivos distritos electorales.

Las
leyes propuestas por los diputados deben ser aprobadas en una Cámara
Legislativa intermedia entre  el Estado y el Congreso de Diputados; y aparecer en el Boletín Oficial de la Nación
para tener carácter coercitivo. El Estado no tendrá boletín excepto
para asuntos internos de organización funcionarial. En caso de
incompatibilidad prevalece el Boletín Oficial de la Nación. (La nación es la que legisla, no el Estado)

La
sociedad civil elegirá a
un Presidente del Gobierno, y éste
formará su gobierno libremente. Los ministros serán los únicos cargos públicos nombrados a dedo.

El
Estado se limitará a ejecutar en función de los dictados del poder legislativo
sirviéndose de toda sus estructuras de poder y de
funcionarios, y jamás legislará ni realizará consulta alguna al poder
legislativo. El gobierno, por lo tanto, tendrá prohibida la entrada al
Congreso para legislar.

Todos
los funcionarios, excepto los cargos electos y de gobierno, solo podrán
tener acceso a las plazas mediante 
oposiciones garantizadas, libres y transparentes; válidas para
cualquier parte de España y siendo las mismas en todo el territorio. Los
tribunales se elegirán la azar y nunca repetirán en el mismo lugar ni
jamás pertenecerán a su misma Comunidad.

El
poder judicial es “presque nulle” casi nulo desde el putno de
vista político, y debe surgir directa y únicamente mediante una consulta
directa realizada a todos los jueces, procuradores, abogados, fiscales,
etc
que intervienen en el ejercicio de la justicia. Su función es la de
vigilar y controlar al poder ejecutivo y legislativo e incluso al
judicial. Además, un juez de paz tendrá el poder de declarar cualquier
ley como inconstitucional si así lo justifica.
 

Para evitar la corrupción de las financiaciones de campaña, quid
pro quo. Ya que los medios de comunicación vivirán durante 4 años, en gran parte, de las noticias generadas por los políticos, todos los aspirantes sin excepción, deberán tener el
mismo espacio regulado gratuito a cargo de los los medios de
comunicación. Se organizará un sistema transparente, justo y
equitativo. El periodo de elecciones no sobrepasará los 15 días y no se
podrá realizar otro tipo de campaña que no sea la gratuita. Cualquier
pago realizado o recibido invalidaría para siempre al aspirante para
ningún cargo público de ningún tipo, y al partido durante dos
convocatorias; si el aspirante perteneciese a alguno.

La
única financiación posible de partidos, sindicatos, asociaciones,
patronal, etc será por medio de las cuotas periódicas y reguladas de sus
miembros o socios. El incumplimiento institucionalizado invalida al grupo.

Se
realizarán consultas directas y plebiscitos a la sociedad civil
empleando la
e-democracia solo en aquellas partes del proceso que no impliquen
peligro alguno de manipulación del programa. Si está el representado no
existe el representante. La tendencia será la participación y
deliberación ciudadana para incrementar las cotas de participación en
asuntos puntuales de proposición de ley.

Cualquiera
de los poderes puede dimitir o ser obligado a presentar la dimisión por los otros
dos poderes o la sociedad civil. Ello implicaría automáticamente
convocatoria de nuevas elecciones.

Una
vez instaurada la democracia formal se realizará un plebiscito
sobre la Ordenación Territorial de España – Autonomías si/no y una consulta, cinco años después,  sobre monarquía o república.

 La
futura Constitución debe reflejar estos puntos y estar sujeta a
enmiendas de forma regulada cuando la sociedad civil o cualesquiera de los poderes así
lo considere necesario