Esta pasada semana el Gobierno aprobaba una modificación en la duración de los grados de los estudios universitarios, entre otros aspectos, con la intención final de adaptarlos al resto de los países europeos.

Y se ha levantado la polémica. Como estamos acostumbrados en este País nuestro, en lo relativo a la educación, como en otras muchas cosas, no existe consenso, no existe una política de estado y por eso pasa lo que pasa, que el Gobierno del Partido Popular aprueba una norma sabiendo que el día que la izquierda llegue al poder será derogada, porque al revés no ocurre eso, porque los populares se comen todos los sapos que le dejan.

Y como era previsible pues los rectores de las universidades han dicho que no aplicarán esa nueva normativa hasta su límite temporal, allá por el 2017, esperando que cambie el color del gobierno de España y que se derogue esta normativa. Todo esto en base a la llamada autonomía universitaria, autonomía de la que ya hemos hablado en Desde el Caballo de las Tendillas y que configura las universidades públicas como mini estados, pero mantenidos por los impuestos de los demás…

Yo no sé si esa reforma legal es buena o mala, si es positiva o negativa para los futuros estudiantes, pero lo que sí sé es que la universidad pública española está a años luz de las mejores, porque no hay ni una sola universidad entre las 200 primeras del mundo, lo que denota que los distintos “planes de estudio” y el actual sistema docente no es de lo más competitivo y avanzado que digamos; por lo que, en mi opinión, los rectores y los distintos estamentos universitarios deberían estar muy interesados en que las cosas cambien, con la intención de encontrar la eficiencia y situar a nuestras universidades en un peldaño superior. Por eso cualquier cambio que se proponga, en principio, no lo veo mal, más cuando lo que se pretende es que se siga lo marcado por países más avanzados. Y es que la universidad española hay que cambiarla.